Indígenas en medio de una guerra ajena Susan Abad 09/08/2012 Demandando respeto y autonomía, indígenas del norte del Cauca inician acciones para sacar a todos los actores armados de su territorio.

El tormento que viven unos 13,000 pobladores del departamento suroccidental del Cauca y en especial los del municipio de Toribío no es nuevo: “Llevamos 50 años aguantando una guerra que no es nuestra y sufriendo la muerte de cientos de nuestros hermanos”, afirma a Noticias Aliadas Giovanny Yule, ex miembro del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y ex consejero de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. “Sólo Toribío ha sufrido desde 1983 más de 400 hostigamientos y 14 tomas guerrilleras”.

La paciencia de los indígenas se colmó el pasado domingo 8 de julio cuando integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el principal grupo guerrillero del país, lanzaron un cilindro bomba en el hospital de Toribío, en el norte del departamento, hiriendo de gravedad a una enfermera y de forma leve a otras 12 personas. Ante esta nueva arremetida de la guerrilla y debido a la impotencia de las fuerzas militares y policiales para contenerlas, el CRIC convocó el 16 de julio a más de 1,000 miembros de la Guardia Indígena en la plaza principal del pueblo para determinar acciones de resistencia civil.

Como primera medida, un grupo de pobladores —en su mayoría indígenas nasa, ganadores del Premio Nacional de Paz del año 2000—, desmontó las trincheras que rodeaban la estación de policía de Toribío exigiendo que los agentes se retiraran hacia otros lugares lejos de sus viviendas. El 17 de julio, unos 500 guardias indígenas subieron hasta la sede del Batallón de Alta Montaña número 8 del Ejército en el cerro Alto Berlín y desalojaron a empellones a las tropas, con la idea de volver a ocupar ese espacio que consideran sagrado.

Horas después el Ejército y la Policía recuperaron a la fuerza las instalaciones militares causando la muerte de un indígena. El 19 de julio, otro poblador resultó muerto en medio de enfrentamientos.

Luis Evelis Andrade, presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) aseguró a Noticias Aliadas que “más de 1,500 miembros de nuestras comunidades han sido asesinados entre el 2002 y el 2010 en medio de esta problemática”.

“Tanto civiles como los actores armados nos matan y nos desplazan. “Guerrilla, paramilitares y fuerza pública, en su objetivo de atacar al otro, causan desplazamiento, muertos y heridos”, dijo a la prensa Gabriel Pavi, ex alcalde de Toribío y consejero indígena.

Carne de cañón de actores armados
“El gobierno nacional no quiere entender el ejercicio de la concepción, el pensamiento, de la cosmovisión de los pueblos indígenas. Más concretamente del pueblo Nasa del norte del Cauca” afirma Yule, destacando a esta población, también llamada Paez, que habita en las orillas del río Cauca y que según el Ministerio de Cultura suma unas 180,000 personas distribuidas principalmente en los departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Tolima y Huila.

Yule señala que el pueblo indígena “ha tomado la decisión de sacar a las guerrillas, de sacar a los ejércitos, porque todos los días se ha vivido en confrontación armada, todos los días la gente está en medio de las balas, somos carne de cañón de estos actores armados. La Corte Constitucional en el auto 004 del 2009, le dijo al gobierno que hay 33 pueblos indígenas en Colombia que están en riesgo de desaparecer y uno de los factores que han incidido para esto es precisamente el conflicto armado”, afirma Yule.

Denuncia que detrás del hecho de no querer concederles la autonomía, a pesar de lo que establece la Constitución, hay otros intereses: “El gobierno nacional, a través del Ministerio de Minas [y Energía] y las multinacionales, está confabulando toda una estrategia normativa jurídica para explotar el oro y el petróleo y los minerales y el agua en nuestro territorio. En estos momentos hay 900,000 Ha en el departamento del Cauca que ya están siendo tramitadas en el Ministerio de Minas. Mientras nuestro territorio es de 540,000 Ha, entre nevados, ríos y montañas, solamente tenemos 104,000 Ha que se pueden cultivar, el resto son reservas naturales que nosotros cuidamos. Además en el Cauca está el Macizo colombiano que es una de las fuentes hídricas más grandes que tiene Colombia y América y que es lo que estamos defendiendo. Esa Madre Tierra que queremos que sea el equilibrio, la armonía, la palabra y la convivencia sin armas”.

Asegura que la demanda de autonomía de estos pueblos es legal. “Con la Constitución de 1991 se concedió a las comunidades indígenas la autonomía para gobernarse, según sus usos y costumbres, además de la facultad de administrar justicia. En el artículo sétimo, el Estado reconoce y protege la diversidad cultural en Colombia. En el artículo décimo se nos reconocen las lenguas indígenas como lenguas oficiales. En el artículo 246 el Estado reconoce que los gobiernos indígenas en sus territorios pueden hacer el ejercicio de justicia propia. El artículo 329, nos reconoce que los pueblos indígenas tenemos un territorio y el artículo 330 le da unas funciones a las autoridades indígenas y dice que podemos nosotros mismos construir nuestro propio desarrollo y también salvaguardar los recursos naturales”.

Autonomía denegada
Sin embargo, en conversación con Noticias Aliadas, el ex magistrado de la Corte Constitucional Carlos Gaviria aclaró que “el Estado colombiano reconoce en la Constitución Política de 1991 que Colombia es un país multicultural y eso se debe respetar, pero aunque la Constitución concede autonomía territorial y de justicia a los pueblos indígenas, esto no quiere decir que se sustraigan del Estado”.

Cabe recordar que la Constitución Política de 1991, que rige actualmente al país, concede a los pueblos indígenas, entre otros derechos, el de la consulta previa, que actualmente es de difícil aplicación debido a una falta de reglamentación.

El presidente Juan Manuel Santos, interpretando también, desde su punto de vista, la Constitución, asegura que el Estado no puede ceder ni un milímetro del territorio nacional y ha enviado 700 efectivos para que refuercen la seguridad en el Cauca, mientras que Todd Howland, representante de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia, revela que los recientes enfrentamientos en el departamento han desplazado a 6,000 personas.

Yule afirma que aunque no retrocederán en sus pedidos, están dispuestos a dialogar con el gobierno en busca de una solución pacífica a su conflicto.

“Nosotros hemos dicho siempre que es la palabra nuestro canal de comunicarnos, y la palabra es la esencia fundamental de entendernos. Queremos que el gobierno entienda que estamos luchando por nuestros derechos, que no somos guerrilleros, que no somos narcotraficantes, que no somos terroristas, como ellos han tratado de estigmatizarnos. Nosotros como pueblo Nasa no vamos a tomar las armas para reivindicar nuestros derechos, porque para eso tenemos la fuerza y la sabiduría de la palabra. Primero nos morimos en nuestra tierra que salir de ella. Porque nosotros fuera de nuestro territorio estamos muertos”, señala. —Noticias Aliadas.