Hacia una moratoria de la pena de muerte 16/08/2012 CIDH invoca a gobiernos a tomar medidas para evitar ejecuciones judiciales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado a implementar una moratoria a la aplicación de la pena de muerte en los países donde aún la mantienen con ocasión de la publicación el 3 de agosto de su informe “La pena de muerte en el sistema interamericano de derechos humanos: de restricciones a abolición”.

El informe analiza los avances en la aplicación restrictiva de la pena de muerte en nueve países del continente en los últimos 15 años: Bahamas, Barbados, Cuba, EEUU, Guatemala, Guyana, Granada, Jamaica y Trinidad y Tobago.

El documento destaca que se han producido avances en la no aplicación de la pena de muerte obligatoria, es decir cuando es impuesta tras la condena por un crimen sin la oportunidad de presentar ni considerar circunstancias atenuantes. Bahamas, Belice, Dominica, Granada y Santa Lucía han abolido la pena de muerte obligatoria.

Sin embargo, el incremento de la tasa de criminalidad en el Caribe ha motivado a algunos gobiernos a reforzar la aplicación de la pena de muerte como disuasivo a la comisión de delitos.

Aunque la Convención Americana sobre Derechos Humanos no prohíbe la aplicación de la pena de muerte en los Estados que la mantienen, está sujeta a una serie de restricciones y prohibiciones expresas, incluyendo que la pena capital “sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito”.

El documento presenta una serie de recomendaciones a los Estados miembros, incluyendo “abstenerse de adoptar medidas que busquen la extensión de la aplicación de la pena de muerte o su reincorporación”. Dichas recomendaciones, señala, son consistentes con la tendencia en todo el mundo a abolir la pena de muerte. El informe condenó el trato cruel y degradante hacia los prisioneros que esperan su ejecución.

En respuesta al informe, el ministro de Justicia de Jamaica, Mark Golding, señaló que “la aplicación de la pena de muerte no se retrasará ni se eliminará debido a un reciente voto de conciencia del Parlamento” a favor de mantenerla, mientras que el gobierno de Trinidad y Tobago, donde todavía se aplica la pena de muerte obligatoria, respondió igualmente que no eliminará la pena capital. —Noticias Aliadas.

Compartir