La guerra dentro de casa Paolo Moiola 25/08/2012 El conflicto armado colombiano dura ya más de medio siglo, pero quien carga los costos es la población civil, especialmente los indígenas.

Ezio Roattino es un misionero italiano de la Consolata que trabaja en el Cauca, departamento suroccidental donde la guerrilla, el Ejército y los paramilitares se enfrentan sin tregua, a expensas de los civiles por quienes dicen combatir.

Roattino, con 30 años en América Latina, es vicario parroquial en el municipio de Toribío, en el norte del departamento. La paciencia de la población, en su mayoría indígena nasa, se terminó el 10 de julio, cuando integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el principal grupo guerrillero del país, lanzaron lanzaron un cilindro bomba en el hospital de Toribío, hiriendo de gravedad a una enfermera y de forma leve a otras 12 personas. A partir de entonces iniciaron acciones para sacar a todos los actores armados de su territorio, incluyendo a las fuerzas gubernamentales.

“Las FARC, que yo sepa —y hablo de Toribío y del Cauca en los últimos años—, no luchan ya por un ideal social, sino que han entrado en el espacio del terrorismo. Por ejemplo, el hecho de utilizar el llamado ‘cilindro bomba’, en mi opinión, va en contra de toda ética revolucionaria”, dice Roattino.

Un año antes, el  9 de julio era día de mercado. Se esperaba la llegada de un vehículo cargado con productos del campo, pero lo que llegó fue un autobús cargado de bombas y artefactos explosivos que estalló cerca de la estación de Policía, no lejos de la parroquia. La explosión dejó  3 muertos y 122 heridos, saldo que habría sido mucho más trágico si la iglesia y la casa parroquial no tuvieran muro de contención que amortiguó la onda explosiva y protegió así a toda la gente que llenaba el mercado de la plaza principal de Toribío.

El más reciente ataque contra la población nasa se produjo el 12 de agosto con el asesinato de su médico y líder espiritual Lisandro Tenorio Trochez, de 64 años. Según testigos, dos hombres armados ingresaron a la casa de Tenorio Trochez, quien ya había recibido amenazas por parte de las FARC y del Ejército, y en presencia de su esposa, una hija y una nieta, le dispararon.

“Nuestro territorio se desarmoniza cuando asesinan a nuestro pueblo y cuando explotan a la Madre Tierra. Pero la resistencia y la conciencia del Pueblo Nasa han permitido seguir con la defensa de la vida toda. Los que cometieron el asesinato del Mayor Lisandro, no le hacen daño solamente a su familia sino a todo el Pueblo Nasa. Exigimos que se investigue y se castigue a los asesinos de nuestro guía espiritual. La muerte venga de donde venga y la destrucción de la Madre Tierra son el despojo de los pueblos indígenas, campesinos y afros, donde los que se benefician son las grandes transnacionales”, dijo un comunicado de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN).

El padre Roattino es duro con las FARC, pero lo es igualmente con el Estado. En Toribío el misionero no consiente que la Policía ingrese a la iglesia con armas, decisión que se interpreta a menudo como un delito de lesa majestad.

“Un día, un comandante de la estación de policía local pidió leer las Escrituras durante la misa. Pero yo me opuse. ‘No dudo de su fe —le dije—, pero usted representa un Estado armado’. A veces, me siento obligado a recordar que Jesucristo fue muerto por las fuerzas del orden... La palabra de Dios —‘No matarás’— vale tanto para la guerrilla como para el Estado. Porque no existe una guerra justa”, relata.

Nuevo tratado, nuevos excluidos
Desde agosto del 2010 el presidente de Colombia es Juan Manuel Santos, que definitivamente no es un hombre nuevo. Fue ministro de Defensa durante la presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010), y proviene de una de las familias más influyentes del país. Los Santos fueron propietarios y ahora son accionistas de El Tiempo, el principal diario de Colombia.

El padre Roattino no ve en el país los progresos que los políticos y los medios de comunicación promocionan.

“Se exalta —dice el misionero— la internacionalización del país porque, el 12 de octubre del 2011, el Congreso de EEUU aprobó el Tratado de Libre Comercio [TLC] con Bogotá. Pero el TLC será sin duda un duro golpe para la Colombia de los excluidos. Los productos provenientes de EEUU inundarán el mercado colombiano desplazando con sus precios bajos a la producción local”.

Incluso en el tema del conflicto armado interno, las proclamas de la presidencia de Santos chocan con la realidad. En julio del año pasado se promulgó la “Ley de Víctimas y Restitución de Tierras”, que tiene como objetivo devolver a los desplazados la tierra perdida a causa del conflicto e indemnizar a las víctimas de violaciones de los derechos humanos.

En Colombia hay por lo menos 4 millones de desplazados según cifras oficiales, pero la organización no gubernamental Consultoría  para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) eleva el número a 5.3 millones. Son por lo menos 6.5 millones de hectáreas las tierras en manos de propietarios ilegítimos.

“Dudo mucho de la eficacia de esta ley. Pensemos por un momento: ¿quién tiene el coraje de ir a reclamar una tierra en la que se han establecido otros sujetos, sin duda más fuertes y más protegidos que una familia de desplazados?”, opina.

Los sujetos a los que el padre Roattino se refiere son latifundistas y paramilitares. Hay que recordar que la “Ley de Justicia y Paz” del 2005, eje del programa de desarme de los paramilitares impulsada por Uribe, ha fracasado sustancialmente. Hoy se han formado nuevos grupos paramilitares que, según cifras oficiales, contarían con 5,700 miembros.

Industrias extractivas
La tierra es codiciada por todos, pero los que prevalecen son los mismos de siempre. En los últimos años, se ha producido una invasión de multinacionales mineras en la Cordillera de los Andes de Colombia, que, entre otras cosas, es un vasto reservorio de agua que alberga el origen de todos los grandes ríos: Magdalena, Putumayo, Caquetá y Cauca. Pues bien, aquí el gobierno ha emitido ya 64 concesiones mineras para la extracción de petróleo u otras riquezas como el oro.

“Aquí hay resguardos indígenas —explica el padre Roattino— entregados a empresas mineras sin consulta previa con las poblaciones, conforme a lo previsto por la Constitución. Por lo tanto, el agua y los bosques pertenecen a los recién llegados. De repente, ¡la historia ha retrocedido 500 años!”

Para este año se espera en Colombia un crecimiento del producto interno bruto de 4.5%. Lamentablemente este desarrollo sigue los caminos habituales de la desigualdad, como lo subraya el padre Roattino: “Hoy en Colombia los últimos —indígenas, afrodescendientes, campesinos— están peor que antes. No hay duda de que la exclusión está aumentando. Como está aumentando la inseguridad. En Bogotá se dice algo como esto: en las condiciones en que nos encontramos hoy, los pobres no pueden ya comer, la clase media no puede ya comprar, los ricos no pueden ya dormir [por miedo a que les roben]”. —Noticias Aliadas.

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