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GUATEMALA
Siete indígenas muertos en protesta
Louisa Reynolds
08/11/2012
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Manifestantes bloquearon carretera para demostrar descontento por aumento de cuentas de electricidad.

Luego que los costos de la electricidad se duplicaron en un año en el nororiental departamento de Totonicapán a casi US$12 mensuales, la lideresa maya kiché Juana Celestina Batz Puac decidió que había que protestar. “Esto es demasiado”, dijo, meneando la cabeza.

Para Batz Puac es injusto que las familias rurales que sólo tienen un foco de luz en sus casas estén sujetas a un aumento de precio al parecer arbitrario. “Necesitan escuchar nuestras demandas”, dijo. “Como pueblos indígenas, nosotros estamos consumiendo su energía, y ellos se están enriqueciendo a costa de la gente”.

Los habitantes de los 48 cantones de Totonicapán están particularmente molestos porque el alumbrado público no llega a las zonas rurales aunque les cobran por su consumo en el recibo mensual. En mayo, manifestantes ocuparon las oficinas de Energuate, la empresa distribuidora de electricidad, en la capital departamental, también llamada Totonicapán. Sin embargo, la empresa —que es mayoritariamente de propiedad de la empresa británica de inversión Actis— insistió que sólo cobra lo que estipula la estatal Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Las demandas de los manifestantes no fueron atendidas.

Totonicapán es uno de los departamentos más pobres de Guatemala (82.2% de su población sufre de malnutrición crónica, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional). Sin embargo, sus acciones colectivas han hecho historia.

En 1998 y el 2002, la población de los 48 cantones tomó las calles para protestar contra un aumento tributario y en el 2007 evitó que el Congreso aprobara una controvertida ley que habría privatizado el servicio de agua potable.
Con esos antecedentes, los líderes indígenas del departamento bloquearon dos puntos de la Carretera Interamericana el 4 de octubre en Cumbre de Alaska (kilómetro 170) y un cruce muy transitado conocido como Cuatro Caminos (kilómetro 188).

El día anterior los líderes indígenas habían anunciado su intención de bloquear la carretera, ante lo cual policías antimotines llegaron muy temprano. A las 2:00 pm, mientras se producía el bloqueo, dirigentes de los 48 cantones de Totonicapán llegaron al palacio presidencial, pero no se les permitió la entrada y se les informó que el presidente Otto Pérez Molina, ex militar retirado de línea dura, no los recibiría.


Versiones contradictorias
Decenas de vehículos policiales y al menos dos vehículos militares fueron enviados a la Carretera Interamericana. Lo que ocurrió después está siendo investigado por el Ministerio Público en vista de que existen diferentes versiones de los hechos.

Según el ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, cuando los manifestantes se negaron a levantar los bloqueos, la Policía lanzó bombas lacrimógenas para dispersar a la multitud y el Ejército fue enviado para apoyar la acción policial. Sin embargo, López Bonilla aseguró que los soldados no estaban armados y la mayoría de víctimas fueron por heridas de bala y de machete infligidas durante una escaramuza entre los mismos manifestantes. Siete personas murieron en el consiguiente caos, dijo, y los manifestantes también lanzaron piedras a los agentes e incendiaron varios vehículos policiales y militares. López Bonilla agregó que la libertad de circulación debe ser defendida y respetada por sobre todo.

Decenas de ciudadanos se intoxicaron con los gases lacrimógenos. Finalmente, el enfrentamiento dejó un saldo de 34 heridos y siete muertos: Santos Nicolás Hernández, Jesús Francisco Puac, Arturo Félix Fapón, Eusebio José Puac, Jesús Cano, Santos Nicolás Menchú y Rafael Batz, todos del departamento de Totonicapán.

La versión de los manifestantes es muy diferente. “Quienes estuvieron en la manifestación nos dijeron que fueron personas del Ejército quienes dispararon contra ellos”, afirmó la líder indígena Carmen Tacam durante una conferencia de prensa. Enfatizó que los manifestantes estaban desarmados y explicó que algunos llevaban la “vara de autoridad comunitaria”, bastón de madera que es entregado al líder o lideresa de la comunidad durante una ceremonia tradicional maya cuando es elegido.

La Procuraduría de los Derechos Humanos también informó que, al contrario de lo que señaló López Bonilla, los soldados que fueron enviados para apoyar a la Policía a dispersar a la multitud estaban armados con fusiles israelíes Galil usados por las Fuerzas Armadas durante los 36 años de guerra civil.

El gobierno también afirmó que agitadores vestidos de civil habían infiltrado la protesta y abrieron fuego contra la Policía que de inmediato respondió. Esto ha sido negado categóricamente por los manifestantes.

Las Naciones Unidas y el cuerpo diplomático han condenado enérgicamente las acciones del gobierno durante la protesta. “Es lamentable que una manifestación legítima haya terminado con siete muertos. El riesgo de mantener las fuerzas militares en tareas de seguridad pública es altísimo”, dijo Alberto Brunoni, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para Guatemala (OACNUDH).


Falta de respeto
El 5 de octubre, los establecimientos comerciales en todo Totonicapán cerraron en señal de luto por los manifestantes muertos. La población tomó las calles del centro de la capital departamental, llevando pancartas que demandaban justicia y poner fin a las políticas represivas gubernamentales. La lideresa indígena Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, viajó a la zona en una misión de investigación de los hechos en representación de su organización humanitaria, la Fundación Rigoberta Menchú.

Mientras Totonicapán todavía lloraba sus muertos, la tristeza se convirtió en ira cuando el ministro de Relaciones Exteriores, Harold Caballeros, trató de minimizar la gravedad del incidente al decir que muchas más personas mueren cada día como resultado de la creciente violencia. “Todos los días tenemos el doble de muertos, entonces como que no es una llamada de atención tan grande”, manifestó.

En su cuenta de Twitter, Caballeros insultó a sus críticos calificándolos como “burros” y “pendejos”. Más tarde se disculpó y señaló que había hecho sus comentarios en un momento de cólera. Sin embargo, Menchú y otros líderes indígenas respondieron señalando que el ministro es “racista” y demandaron su inmediata destitución. El presidente Pérez Molina manifestó que un alto funcionario gubernamental “no puede darse el lujo de contestar de ese modo”.

El partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Winak, el partido de Menchú, demandaron la presencia de Caballeros en el Congreso para que rinda cuentas por el incidente y que sea amonestado por sus acciones. Sin embargo, para forzar su destitución, ambos partidos tendrían que promover una interpelación legislativa y asegurar una mayoría de votos de censura, lo cual es difícil debido a que el gobernante Partido Patriota tiene más de la mitad de los escaños en el Legislativo.
—Noticias Aliadas.


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Cientos de personas acompañan féretros de indígenas muertos en protestas. (Foto: Luis Echeverría)
Noticias Aliadas / Latinamerica Press
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