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AMÉRICA LATINA
Notas breves
Noticias Aliadas
06/02/2017
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Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, México, Panamá

A través de un decreto de necesidad y urgencia, el presidente de Argentina Mauricio Macri modificó el 30 de enero la Ley de Migraciones, imponiendo controles más estrictos para evitar el ingreso al país de personas con antecedentes penales y acelerar la expulsión de quienes hayan cometido delitos dentro del territorio nacional. La medida se tomó debido al incremento de hechos de criminalidad supuestamente cometidos por personas de nacionalidad extranjera. El decreto indica que la población de personas extranjeras encarceladas “se ha incrementado en los últimos años, alcanzando el 21.3% de la población carcelaria total”, particularmente por delitos de narcotráfico. Amnistía Internacional manifestó su alarma sobre la medida que introduce impedimentos para el ingreso y permanencia de migrantes en el país y reduce el fenómeno de la migración “a un debate sobre seguridad nacional, que asocia el migrante al delincuente”.

La Policía de Chile informó el 29 de enero que han sido detenidas 43 personas como sospechosas de provocar los peores incendios forestales en la historia del país. Desde mediados de enero se han producido 118 incendios, de los cuales 59 están siendo combatidos, 51 fueron controlados y ocho extinguidos. La catástrofe forestal ha afectado a siete regiones del centro y sur, siendo las más perjudicadas O’Higgings, Maule y Bio-Bío. De acuerdo con las autoridades, el 90% de los incendios han sido causados por acción humana, pero los siniestros fueron avivados por las altas temperaturas, fuertes vientos y la sequía presente desde hace ocho años. El fuego destruyó 351,000 Ha de bosques, dejó 3,000 damnificados y al menos 11 víctimas mortales. Las grandes extensiones de pinos y eucaliptos para la producción de celulosa en las regiones afectadas contribuyen a la propagación de los incendios ya que son especies ricas en aceites inflamables, sostienen expertos.

La Policía Federal mexicana detuvo en Tamaulipas a uno de los presuntos implicados en el asesinato de la ecologista Berta Cáceres, ocurrido en Honduras el 2 de marzo del 2016. Con la captura el 12 de enero del exmilitar hondureño Henry Javier Hernández Rodríguez son ocho los arrestados por este caso. Según las investigaciones, el crimen fue ordenado por Sergio Ramón Rodríguez Orellana, gerente de la empresa hondureña Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), a cargo del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, ubicado en el río Gualcarque, considerado sagrado por los indígenas lenca. El sicario que disparó contra Cáceres habría sido Edilson Duarte a quien le pagaron unos US$2,200. La familia de Cáceres y el ambientalista mexicano Gustavo Castro, sobreviviente del ataque, han demandado la detención de los altos mandos de DESA. Según Global Witness, en los últimos 10 años han sido asesinados 114 activistas ambientales en Honduras.

El 15 de enero fue asesinado en México el líder indígena tarahumara Isidro Baldenegro en la comunidad indígena Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo, en el norteño estado de Chihuahua, donde se había refugiado ante amenazas de muerte. Baldenegro se oponía a la tala ilegal y la deforestación de las montañas de Sierra Madre Occidental, el mismo motivo por el que fue muerto su padre en 1986. En el 2005 el líder indígena recibió el Premio Goldman por su lucha contra la tala ilegal. Al día siguiente de la muerte de Baldenegro, fue acribillada la ecologista Laura Vásquez, en Guatemala, por su participación en la resistencia pacífica contra el proyecto minero San Rafael. El 17 de enero, la criminalización de la lucha social se cobró una nueva víctima: la activista afrodescendiente Emilsen Manyoma, de Buenaventura, Colombia, fue asesinada por su defensa de la soberanía alimentaria y la biodiversidad, y su lucha contra el acoso de bandas de paramilitares y narcotraficantes.

Diez personas fueron acusadas en Panamá por tráfico ilegal de migrantes, incluyendo dos funcionarios del Servicio Nacional de Migración. La Fiscalía panameña informó el 30 de enero que estas personas forman parte de una banda que traficaba migrantes desde Colombia, que fue desarticulada por la Policía. “Por este caso hay hasta el momento 20 víctimas, siete de las cuales ya fueron rescatadas por las autoridades, incluyendo una menor de seis años”, dijo el fiscal Marcelino Aguilar, quien no descartó que el número de víctimas supere el centenar. De acuerdo con la gubernamental Comisión Nacional Contra la Trata de Personas, desde el 2015 se han desmantelado 14 organizaciones criminales, llevado ante las autoridades a 24 tratantes y ocho cabecillas de estas redes, y se han rescatado 130 víctimas de este delito. El tráfico ilegal de personas es sancionado con penas de entre 15 y 20 años de cárcel.


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