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COLOMBIA
Líderes sociales desprotegidos
Susan Abad
13/07/2017
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Ataques y asesinatos de defensores de derechos humanos en zonas antes controladas por las FARC aumentaron tras firma del Acuerdo de Paz.

Mientras el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) continúan con sus esfuerzos para que más de medio siglo de conflicto armado culmine y no cause más muertes, en el país se incrementan los asesinatos a líderes comunitarios y defensores de Derechos Humanos.

El informe correspondiente al 2016 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) sobre la situación en Colombia, publicado el 16 de marzo, alertó sobre un problema que si bien no es nuevo “se ha incrementado desde el año pasado con la firma del Acuerdo de Paz”, como asegura a Noticias Aliadas Leonardo González coordinador de la Unidad Investigativa del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ).

Todd Howland, representante en Colombia del OACNUDH, denunció en esa ocasión el asesinato de 127 líderes sociales en el 2016. No obstante, el Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (SIADDHH) de Somos Defensores-Programa No Gubernamental de Protección a Defensores de Derechos Humanos, asegura que fueron 80 líderes y defensores asesinados, mientras que para INDEPAZ fueron 117 los homicidios de hombres y mujeres comprometidos con las luchas de sus comunidades.

La alarma se incrementó con el registro realizado por Somos Defensores que revela que “entre enero y marzo del año 2017, 193 defensores y defensoras de derechos humanos, fueron víctimas de algún tipo de agresión que puso en riesgo su vida e integridad”.

“De estas agresiones, 20 terminaron en asesinatos”, revela a Noticias Aliadas Leonardo Díaz, coordinador de Protección de Somos Defensores. Destaca el incremento de homicidios de líderes con cargos directivos en pequeñas juntas de acción comunal. “En el 2015 se registraron seis casos, pero el año pasado el número se elevó a 20, seguido de los líderes indígenas con 15 casos y 13 de líderes campesinos”, afirma.

Aunque las cifras de muertes no coinciden, en lo que concuerdan varias organizaciones no gubernamentales es que los principales victimarios son grupos paramilitares reconvertidos en bandas criminales luego de su desmovilización entre el 2003 y el 2006. Según Somos Defensores, los paramilitares asesinaron a 45 de los 80 líderes registrados en el 2016, 28 fueron asesinados por desconocidos, tres por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y cuatro por la Fuerza Pública. Para INDEPAZ, los paramilitares asesinaron a 27 líderes y no descarta que sean muchos más entre las 82 víctimas de las que aún se desconoce el victimario.

Sociedad polarizada
Howland detalló que los casos se presentaron principalmente en Antioquia, Cauca, Córdoba y Norte de Santander, y que la mayoría tuvo lugar en zonas de economía ilícita, donde priman los cultivos de coca y la minería ilegal. Sin embargo, destacó la “evolución de la violencia en zonas anteriormente bajo fuerte control de las FARC-EP [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo]”.

Puso como ejemplo el municipio de Argelia, Cauca, donde el “vacío [dejado por las FARC] lo están ocupando grupos armados al servicio del narcotráfico”. Responsabilizó a la “debilidad de la presencia del Estado de manera integral en el territorio”, que da como resultado el “aumento de asesinatos de personas por el poder de economías ilícitas”. Howland añadió que 27 de las víctimas registradas por la OACNUDH perecieron en áreas de dominio histórico de las FARC, mientras 48 estaban en lugares donde predominaba la guerrilla sobre otros grupos armados ilegales como el ELN o bandas criminales.

Díaz explica que “al abandonar las FARC los territorios, grupos paramilitares empiezan a coparlos y ejercer un control territorial y social de estos territorios. Empiezan a ejercer el control de estas rentas ilícitas, lo que genera que las comunidades radicadas en estos territorios empiecen a generar una respuesta de denuncia de esta situación, y esto los vuelve un objetivo militar por parte de estos grupos armados”.

Sin embargo, González no puede afirmar que estos asesinatos se den en las zonas exclusivas donde se retiran las FARC, “pero sí hay una relación directa entre el Acuerdo de Paz que se firmó el año pasado y el asesinato de estos líderes. Estos asesinatos se venían dando pero el proceso de paz y el Acuerdo Final han polarizado a la sociedad de tal manera que se han incrementado estos hechos”.

Mientras tanto, las especulaciones y análisis no alivian el dolor de las familias de las víctimas. Martha López no puede evitar las lágrimas al relatar a Noticias Aliadas la muerte de su hermana Alicia, quien fue acribillada por un desconocido en marzo pasado, cuando se encontraba en el negocio de otro hermano.

“Hacíamos parte de la UP [Unión Patriótica, partido político creado en 1984 como resultado de los acuerdos de paz entre el gobierno de Belisario Betancur (1982-86) y las FARC] y Alicia  [en15 años de labor social] había logrado colocar un puesto de salud en el barrio”, cuenta López, quien no duda en señalar a los paramilitares como autores del asesinato de su hermana.

Y dentro de la vorágine de terror los asesinatos llegaron a las FARC. Cuatro guerrilleros y ocho familiares de miembros de esta guerrilla han sido asesinados desde que inició la implementación del Acuerdo de Paz.

El jefe guerrillero Carlos Antonio Lozada recordó lo dicho por el líder máximo de las FARC Rodrigo Londoño, alias Timochenko, luego de firmar la paz: “Ojalá no tengamos que hacer un balance y decir: la paz en Colombia nos costó equis cantidad de muertos más. Ahora sí, lo más probable es que muchos quedaremos en el camino”. Al parecer la predicción se estaba cumpliendo porque “hay un asedio paramilitar que asesina y persigue a familiares de combatientes”, dijo.

“Hechos aislados”
El ministro de Defensa Luis Carlos Villegas aseguró que no hay pruebas de que grupos paramilitares estén detrás de los asesinatos de líderes sociales en el país, y que las investigaciones indican que estos asesinatos son hechos aislados. El Ministerio del Interior confirmó haber recibido 41 denuncias de homicidios en este año, de los cuales 14 se han verificado como ataques a defensores de derechos humanos.

Por su parte, el vicepresidente Óscar Naranjo lanzó el “cuerpo élite para la paz”, conformado por más de 1,000 policías que tendrán como misión principal contener las acciones de las organizaciones criminales que atenten contra movimientos sociales y políticos.

En lo que respecta a la protección de los excombatientes, el director general de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Diego Fernando Mora, anunció la creación de una subdirección especial que evaluará y determinará qué tipo de riesgo corre cada exguerrillero y a quiénes se les asignarán medidas de protección. También reveló el uso de nuevas tecnologías de seguridad como inhibidores que evitan la activación de explosivos con aparatos celulares y radios y medios de comunicación de última generación.

Asimismo, cumpliendo lo acordado en el punto 3 del Acuerdo de Paz, que obliga la creación de esquemas de protección mixtos, con integrantes de las FARC, de las Fuerzas Armadas y personal de la UNP, 315 exguerrilleros empezaron un curso donde se seleccionará a quienes estén aptos para brindar seguridad a los dirigentes del partido político que conformen las FARC.

Ante la desprotección que sienten los líderes sociales en el país, la OACNUDH recomendó al gobierno en su informe “reconocer el asesinato de defensores y defensoras de derechos humanos como una situación grave sobre la cual el Estado tiene la obligación de proteger y garantizar la vida”, y “mejorar el tiempo de la implementación de las políticas de inclusión social y de los derechos económicos, sociales y culturales de las zonas más afectadas por el conflicto”.

El organismo recordó que “la protección de la vida, y la disminución de la violencia, están directamente ligadas a las oportunidades de inclusión política y a la generación de empleo, salud y educación”. —Noticias Aliadas.


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Alicia López, una de las decenas de líderes sociales asesinadas presuntamente por paramilitares. / Cortesía de Martha López
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