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AMÉRICA LATINA
Notas breves
Noticias Aliadas
28/08/2017
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Agentina, Bolivia, Chile, Guatemala, Venezuela

El 13 de agosto, 24 millones de electores (72% de los 31 millones inscritos) en Argentina votaron en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para que cada partido o alianza electoral determine su lista de candidatos a 127 lugares en la Cámara de Diputados y 24 escaños en el Senado, que participarán en los comicios legislativos del 22 de octubre. Las primarias para diputados se realizaron en 24 distritos electorales, mientras que para senadores en ocho distritos. Las agrupaciones que obtuvieron 1.5% o más de los votos válidos quedaron habilitadas para participar en las legislativas. La coalición oficialista Cambiemos, del presidente Mauricio Macri, y la alianza opositora Unidad Ciudadana, encabezada por la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) que postula al Senado, fueron las más votadas a nivel nacional. En la provincia de Buenos Aires, que tiene el 38% del padrón electoral, Cambiemos y Unidad Ciudadana empataron con 34% de los votos.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, promulgó el 13 de agosto la Ley 266 que elimina la intangibilidad del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), permitiendo la construcción de una carretera de 360 km que unirá los departamentos de Beni y Cochabamba y atravesará esta importante área natural protegida. En octubre del 2011, centenares de indígenas amazónicos realizaron una marcha desde Beni a La Paz logrando la aprobación de la Ley 180 que establecía la intangibilidad del TIPNIS. El 2012 el gobierno realizó una consulta previa e informada entre las comunidades indígenas Mojeño-Trinitarias, Chimanes y Yuracarés para decidir la intangibilidad del TIPNIS. El gobierno informó que se habían consultado a 58 comunidades de 69, que se pronunciaron a favor de la carretera y la derogación de la Ley 180. Grupos ambientalistas prevén que la deforestación del TIPNIS alcanzará las 600,000 Ha, la mitad de su área total.

El Tribunal Constitucional (TC) de Chile confirmó el 21 de agosto la ley que despenaliza el aborto en tres circunstancias: en caso de inviabilidad fetal, riesgo de muerte de la madre y en embarazos producto de una violación. El 2 de agosto, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa y horas después lo hizo el Senado. Sin embargo, un grupo de legisladores conservadores recurrieron al TC para frenar la promulgación de la ley señalando que la Constitución “protege la vida del que está por nacer”, pero el TC dio luz verde a la ley señalando que es constitucional. La iniciativa, que fue impulsada por la presidenta Michelle Bachelet durante su campaña electoral en el 2013, representa “una importante victoria para los derechos humanos y para la protección de la vida y la salud de las mujeres y niñas de Chile”, señaló Amnistía Internacional. Con esta medida, Chile sale del grupo de países en los que el aborto está prohibido en todas las circunstancias, incluyendo El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, Surinam y República Dominicana.

El gobierno de Guatemala informó el 23 de agosto que se encuentra evaluando la reactivación de la pena de muerte, contemplada en la Constitución, que no se aplica desde el 2000 cuando fueron ejecutados dos secuestradores mediante inyección letal. El portavoz de la Presidencia, Heinz Heinmann, señaló en conferencia de prensa la posibilidad de reimplantar la pena de muerte luego que pandilleros dispararon contra un hospital el 16 de agosto, matando siete personas y dejando heridas a 11. Heinmann dijo que la situación de extrema violencia que vive el país y la necesidad de garantizar la gobernabilidad y la seguridad integral de la población, obliga a las autoridades a evaluar la aplicación de la pena capital para prevenir “actos de terrorismo”. Además de Guatemala, en América Latina y el Caribe la pena de muerte está vigente en Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Cuba, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela se instaló el 4 de agosto bajo la presidencia de Delcy Rodríguez. La ANC, en la que participaron sólo candidatos oficialistas, fue elegida el 30 de julio por unos 8 millones de votantes en medio de violentas protestas. El presidente Nicolás Maduro hizo la convocatoria el 1 de mayo que fue rechazada por la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que impulsó una consulta popular realizada el 14 de julio en la que alrededor de 7.2 millones de personas votaron a favor de desconocer la ANC. El 18 de agosto, la ANC disolvió la Asamblea Nacional (Parlamento), elegida en diciembre del 2015 y controlada por la MUD, y decidió por decreto asumir las labores legislativas. La ANC tendrá dos años para elaborar la nueva Constitución que reemplazará a la aprobada por referendo en diciembre de 1999, durante el gobierno del expresidente Hugo Chávez (1999-2013).


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