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GUATEMALA
Ex militares condenados por masacre
25/08/2011
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Sentencias suman 6,000 años de cárcel por asesinato de más de 200 indígenas.

Un tribunal de Guatemala condenó el 2 de agosto a un ex teniente y tres soldados de las fuerzas especiales a 6,060 años de cárcel cada uno por la masacre perpetrada hace casi 30 años en la localidad de Dos Erres.

Más de 200 indígenas fueron asesinados el 5 de diciembre de 1982 por soldados que ingresaron a la comunidad ubicada en el norte de Guatemala. Numerosas mujeres fueron violadas y decenas de pobladores, incluyendo niños, fueron arrojados a un pozo.

El ex teniente Carlos Antonio Carías y los soldados Manuel Pop Sun, Reyes Collin Gualip y Daniel Martínez recibieron sentencias de 30 años por asesinato y otros 30 años por crímenes de lesa humanidad por cada víctima. Sin embargo, las leyes guatemaltecas establecen que la pena máxima a cumplir es de 50 años.

Alrededor de 200,000 personas fueron asesinadas durante las cuatro décadas de guerra civil que terminó con los Acuerdos de Paz de 1996. Durante el conflicto se perpetraron 600 masacres, la mayoría en comunidades indígenas y rurales.

La sentencia, que ha sido vista en parte como simbólica, fue aplaudida por los familiares de las víctimas y defensores de los derechos humanos. Sin embargo, es una victoria agridulce.

Amnistía Internacional (AI) denunció que los integrantes de un equipo de antropología forense habían recibido amenazas de muerte luego de rendir su testimonio ante el tribunal. AI dijo que Freddy Peccerelli, fundador de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, recibió una amenaza de muerte escrita a mano en Ciudad de Guatemala el 8 de agosto y que la nota también mencionaba a sus colegas José Samuel Suasnavar, Leonel Estuardo Paiz y Omar Bertoni, que también dieron su declaración.

“El pueblo de Guatemala lleva casi tres decenios esperando justicia en el caso de la masacre de Dos Erres y de cientos de violaciones graves de los derechos humanos, y el no poner fin a tales amenazas de muerte empañaría el proceso judicial”, dijo Sebastián Elgueta, investigador de AI para América Central.
—Noticias Aliadas.


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