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GUATEMALA
Soldados kaibiles sentenciados por masacre de 1982
Louisa Reynolds
01/09/2011
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Justicia impone 6,060 años de cárcel por tragedia de Dos Erres.

Las simbólicas rosas rojas y crisantemos que llevaban muchas de las personas que llenaban el tribunal el 2 de agosto temblaron en las manos de la audiencia visiblemente conmovida al escucharse la sentencia contra cuatro soldados de la unidad de elite Kaibil, acusados de participar en la masacre de 201 civiles mayas en la localidad guatemalteca de Dos Erres, en el norteño departamento de Petén, en 1982.

“El Tribunal, al resolver por unanimidad, declara que los sindicados Daniel Martínez, Manuel Pop, Reyes Collin y Carlos Carías son responsables del delito de asesinato cometido contra la vida de los pobladores de Dos Erres. Por tal delito se les debe imponer la pena de 30 años por el asesinato de cada una de las personas (201), haciendo un total de 6,060 años…y para Carías por el delito de hurto agravado seis años más”, dijo la jueza Patricia Bustamante.  Los asesinos convictos cumplirán la pena máxima legal de 50 años de cárcel.

Los fiscales aseguraron la condena basados en el testimonio de dos ex soldados kaibiles que rindieron su testimonio en video desde México, donde se encuentran protegidos en un lugar secreto para garantizar su seguridad.

El 25 de julio, César Ibáñez y Favio Pinzón Jerez explicaron al tribunal que tras el golpe militar que llevó al poder al general Efraín Ríos Montt en 1982, se ordenó a los instructores del Centro de Adiestramiento y Operaciones Especiales Kaibil conformar una patrulla de elite para llevar a cabo una operación especial en Dos Erres.

Los kaibiles son una fuerza de operaciones especiales del Ejército guatemalteco especializada en tácticas de guerra en la selva y operaciones contrainsurgentes, creada en 1975. Debido al arduo entrenamiento físico y psicológico que llevan esos soldados, los graduados del Centro de Adiestramiento y Operaciones Especiales Kaibil son muy buscados como mercenarios y actualmente se han convertido en campo fértil de reclutamiento para Los Zetas, el brazo armado del cartel mexicano del Golfo.

Ibáñez declaró que se crearon cuatro grupos para realizar el operativo en Dos Erres. Él pertenecía al primero.

“Hubieron violaciones sexuales como a las 4 de la mañana. Al siguiente día las mujeres prepararon almuerzo para todos, pero se les miraba llorando. A las 12 del mediodía nos reunieron a todos cerca de un pozo y nos organizaron en dos grupos, uno para que se encargara de llevar a la gente con los ojos vendados y los demás se encargaban de masacrarlos con un marro en la cabeza y los tiraban al pozo. Todo terminó como a las 6 de la tarde”, dijo Ibáñez al tribunal.

La brutal masacre se produjo en diciembre de 1982, dos meses después que la guerrilla emboscara un convoy del Ejército cerca de la localidad de Palestina, vecina de Dos Erres, en la que mató a 21 soldados y confiscó 19 fusiles. Esto fue suficiente para que el Ejército considerara a la población de Dos Erres como simpatizante de la guerrilla y que tenía que ser exterminada como parte de la política de Ríos Montt de “secar el mar en que nadan los peces”, aunque nunca se encontraron armas ni propaganda comunista en la localidad luego que se cometiera la masacre.

La Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waquib’Kej expresó su satisfacción con la siguiente declaración: “Condenar a 6,060 años de prisión a tres de los procesados y 6,066 para otro pone de manifiesto que es innegable la participación del Ejército en todas las masacres que documentó la Comisión de Esclarecimiento Histórico”.


Ex jefe policial tras las rejas
El 25 de julio, el juez Eduardo García concluyó que había suficientes evidencias para llevar a juicio a Pedro García Arredondo, ex director de la ahora extinta Policía Nacional (PN) por la desaparición del estudiante universitario Edgar Sáenz Calito en 1981. García Arredondo fue encarcelado mientras el juicio continúa y el Ministerio Público ahora tiene tres meses para probar este caso y asegurar su condena. Sáenz Calito fue detenido en marzo de 1981 y acusado de distribuir volantes de la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas. Su arresto tuvo lugar en la sede de la PN donde permaneció hasta el 6 de octubre cuando fue puesto en libertad. Minutos más tarde fue introducido en un vehículo sin placas y nunca más se le volvió a ver.

En julio del 2006, el juez español Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, actuando bajo el principio de la jurisdicción universal, emitió una orden de captura internacional contra García Arredondo y otros siete altos jefes policiales y comandantes del Ejército, incluyendo al ex dictador Ríos Montt, por el ataque contra la Embajada de España en 1980 donde murieron 39 personas.

En el 2007, la Corte de Constitucionalidad guatemalteca determinó que el pedido de extradición emitido por España contra los acusados violaba las leyes internas. Aunque García Arredondo enfrenta un juicio en Guatemala, específicamente por el caso Sáenz Calito y no por otros crímenes como su participación en el ataque a la Embajada de España, organizaciones de derechos humanos que lo han demandado informaron a la Audiencia Nacional de España, que podría reiniciar el pedido de extradición.


Activistas amenazados
Tres días antes que García Arredondo fuera encarcelado, la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala emitió un comunicado de prensa señalando que las Fuerzas Armadas lucharon durante la guerra civil para limpiar el país de los comunistas y advirtieron “estar dispuestos a luchar nuevamente si las circunstancias así lo demandan”.

El 11 de agosto, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) dijo que dos expertos forenses pertenecientes a la organización, que habían rendido sus testimonios en el juicio de Dos Erres, habían recibido amenazas de muerte. Fredy Peccerelli, director de la FAFG, señaló que la campaña de hostigamiento había comenzado el 4 de agosto, luego de la sentencia simbólica de 6,060 años de cárcel a los cuatro militares.

“Nos dicen que nos mantienen vigilados y que en cualquier momento nos van a matar”, dijo.

La FAFG es una organización no gubernamental creada tras los Acuerdos de Paz de 1996 para exhumar a las víctimas de las masacres, ejecuciones extrajudiciales y otros crímenes perpetrados durante el conflicto armado. Su experiencia forense ha proporcionado una valiosa evidencia que ha permitido llevar a juicio a criminales de guerra. El portavoz del Ministerio de Gobernación, Nery Morales, dijo que el Ministerio Público ha tomado conocimiento y que está monitoreando la situación muy de cerca.
—Noticias Aliadas.


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