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GUATEMALA
Ríos Montt bajo arresto domiciliario
Louisa Reynolds
03/02/2012
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Ex dictador enfrenta cargos por genocidio contra grupo étnico maya ixil entre 1982 y 1983.

El 2 de junio de 1982, cuando la periodista estadunidense Pamela Yates le preguntó al entonces dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt si el Ejército estaba cometiendo violaciones a los derechos humanos de las comunidades indígenas, él lo negó enfáticamente.

“El valor nuestro está en nuestra capacidad de responder a nuestras acciones de mando. Eso es lo más importante. El Ejército está en capacidad de reaccionar. Porque si yo no puedo controlar al Ejército, entonces ¿qué estoy haciendo aquí?”, dijo.

Este histórico material, incluido en el más reciente documental de Yates titulado “Granito. How to nail a dictator” (Granito. Cómo atrapar a un dictador) que será mostrado este año por primera vez en Guatemala, ha reaparecido para perseguir al ex general de 85 años como una parte crucial de la evidencia de que él ordenó las 11 masacres cometidas por el Ejército contra la población maya ixil entre 1982 y 1983.

El 26 de enero, durante una audiencia judicial en la que Ríos Montt fue acusado de la brutal masacre de 1,771 civiles indígenas, incluyendo mujeres y niños, la defensa argumentó que el ex dictador no tenía la responsabilidad de mando sobre sus oficiales en la región altiplánica y, por lo tanto, no tenía que rendir cuentas por las masacres, razonamiento que sonó en falso cuando se mostró el video con la entrevista de Yates.

La fiscalía leyó los cargos en voz alta: entre 1982 y 1983, bajo el régimen de facto de Ríos Montt, se cometieron 11 masacres contra civiles mayas ixil en los municipios de Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul, en el departamento altiplánico de Quiché, 54 comunidades quedaron destruidas y 29,000 personas fueron desplazadas.

El caso contra Ríos Montt está basado en evidencia forense encontrada luego de la exhumación de 317 víctimas, 11 informes militares que indican claramente que el ex dictador proporcionó los recursos necesarios para financiar las operaciones contrainsurgentes contra comunidades indígenas que eran acusadas de albergar a combatientes guerrilleros, así como las entrevistas de Yates.

Aunque se le permitió sentarse, Ríos Montt decidió permanecer parado durante todo el procedimiento. En un lado de la sala estaba sentada su hija, la congresista Zury Ríos, amigos y miembros del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) que fundara en 1990; en el otro lado se encontraban integrantes de la Asociación Justicia y Reconciliación (AJR), grupo de víctimas ixil que presentó la demanda y que ha esperado 20 años para ver que se haga justicia.

Una vez que se leyeron los cargos, lo que tomó más de dos horas, se permitió hablar a Ríos Montt. “Prefiero guardar silencio”, dijo y dejó la tarea a su equipo de abogados.

Finalmente, al llegar la audiencia a su fin tras ocho horas y 40 minutos, la jueza Carol Patricia Flores abrió el camino para el juzgamiento de Ríos Montt pero estableció el pago de una fianza de US$64,000 y arresto domiciliario al estimar que era difícil que el ex dictador abandonara el país. Debido a que la Audiencia Nacional de España (el máximo tribunal de ese país) lanzó una orden internacional de captura contra él en el 2006 por ordenar el brutal ataque contra la embajada española en 1980 donde murieron 35 personas quemadas vivas, es imposible que pueda abandonar el país sin ser detenido y entregado a las autoridades españolas.

Se cree que el hecho de que Ríos Montt se entregara voluntariamente es un plan cuidadosamente preparado por la defensa que funcionó a su favor.

El fallo de la jueza Flores se produjo 12 días después que Ríos Montt perdiera la inmunidad que tenía como legislador. El Ministerio Público tiene hasta el 17 de marzo para presentar los resultados de su investigación a un juez que decidirá si hay suficiente evidencia para juzgar al ex general.

El tercero en el mando de Ríos Montt, el ex jefe de Estado Mayor del Ejército Héctor Mario López Fuentes, fue detenido en junio del año pasado por cargos de genocidio y también debe enfrentar un juicio. Sin embargo, su débil salud ha dificultado el proceso ya que el acusado de 82 años sufre de cáncer a la próstata y permanece hospitalizado.


Reacciones opuestas
Fuera del juzgado, víctimas de las atrocidades durante el conflicto armado repletaron la Plaza de los Derechos Humanos con altares improvisados donde habían colocado fotografías de los asesinados y desaparecidos, velas y hojas de pino, y letreros demandando a la población guatemalteca no olvidar el pasado.

Al iniciarse la audiencia, se congregaron frente a una pantalla gigante donde se transmitía el proceso y esperaron pacientemente durante más de ocho horas para conocer el resultado. Luego de dos décadas de obstáculos legales, parecía que finalmente la justicia estaba a su alcance.

La decisión de la jueza Flores ha sido considerada controvertida. Por un lado, es muy probable que Ríos Montt tenga que enfrentar un juicio, pero por otro, el otorgarle detención domiciliaria fue considerado injusto ya que muchas víctimas creen que es como dejarlo libre.

El nuevo presidente guatemalteco, el general retirado Otto Pérez Molina, dijo durante una conferencia de prensa que respetará la decisión final del tribunal, pero que en su opinión “aquí no hubo genocidio”.

“Aquí lo que hubo fue un conflicto armado interno que la guerrilla llevó al interior del país y quisieron involucrar a los pueblos mayas. En ningún momento hubo exterminio por razón de raza; puede ver los archivos del Ejército que entre el 80% y 70% del Ejército estaba conformado también por población maya”, agregó.

Durante el gobierno de facto de Ríos Montt, Pérez Molina formó parte de la fuerza de tarea Gumarcaj instalada en Chajul, donde se cometieron algunas de las peores atrocidades en ese periodo.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha intentado llevar a juicio a Pérez Molina por el secuestro, tortura y ejecución extrajudicial del líder guerrillero Efraín Bámaca en 1992, cuando el ahora presidente se desempeñaba como jefe del G2, el servicio de inteligencia militar.

Sin embargo, un tribunal guatemalteco falló en enero de este año que no hay suficiente evidencia para que Pérez Molina sea detenido por la muerte de Bámaca.
—Noticias Aliadas.


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Ríos Montt (izq.) es acusado por la masacre de 1,771 indígenas (Foto: Inter Press Service)
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