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NICARAGUA
En riesgo agua dulce por canal interocéanico
25/09/2013
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Organizaciones ecologistas alertan sobre derogación de marco jurídico que protege la mayor fuente de agua del país y Centroamérica.

La ley que entregó a una empresa china la concesión para la construcción y administración de la vía interoceánica que unirá los océanos Atlántico y Pacífico, derogó el marco jurídico que protegía el lago Cocibolca o Nicaragua, el más grande de Centroamérica, así como de sus fuentes y afluentes, denunciaron grupos ambientalistas.

La Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense atingente a El Canal, Zona de Libre Comercio e Infraestructuras Asociadas, o ley del canal interocéanico, aprobada en junio por la Asamblea Nacional, otorga la concesión por 50 años prorrogables por 50 años más a la empresa HK Nicaragua Canal Development Group (HKDN), con sede en Hong Kong, para construir la vía interocéanica que competirá con el canal de Panamá, que se encuentra a menos de 600 km de distancia y por donde circula el 5% del comercio mundial.

El Acuerdo Marco de Concesión e Implementación de la ley da poderes absolutos a HKDN para el manejo de los cursos de agua, estableciendo que es obligación del Estado nicaragüense garantizar a la concesionaria “el acceso y derecho de navegación en ríos, lagos, océanos y otros cuerpos de agua dentro de Nicaragua y en sus aguas, y el derecho de extender, expandir, dragar, desviar o reducir tales cuerpos de agua”.

Además, otorga autonomía absoluta para decidir cuáles tierras deberán ser expropiadas y libertad para fijar tarifas y peajes, además de obligar al Estado nicaragüense a renunciar a su soberanía para presentar demandas contra la empresa ante tribunales nacionales e internacionales por cualquier daño que cause durante las etapas de estudio, construcción y operación del proyecto.

Víctor Campos, subdirector del Centro Humboldt, organización que promueve el desarrollo territorial y la gestión ambiental, explicó a la Revista Envío que “el agua del Cocibolca es un recurso vital para todas las poblaciones que viven en las orillas del lago. Se trata de la seguridad hídrica de la mayoría de la población nicaragüense que habita en esa cuenca, una cuenca que garantiza una porción muy importante de la generación hídrica de nuestro país”.

Además de los daños graves e irreversibles que podría causar a otros ecosistemas, Campos precisó que “la concesión establece que la empresa inversora tiene derecho sobre todos nuestros recursos de agua. Se ha entregado un paquete completo y sin ninguna restricción. El Acuerdo Marco habla textualmente de extender, expandir, dragar o reducir cuerpos de agua. Autoriza a trasvasar agua de una cuenca a otra y da derechos ‘sobre los recursos de agua sujetos a protección y conservación’. Se han entregado todas nuestras aguas, las superficiales y las subterráneas. Prácticamente, toda la regulación y el control de las condiciones ambientales han sido transferidas a la empresa, que será quien decida cómo se usarán los recursos naturales de nuestra nación”.

Campos también manifestó su preocupación “por el consentimiento previo, libre e informado que tienen que otorgar las comunidades indígenas y los pueblos originarios para que sus tierras sean ocupadas para este proyecto. En comunicación con un vocero oficial de la bancada mayoritaria en el Parlamento [el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional], ante el argumento de que había que tener en cuenta que, por ley, las tierras indígenas son inembargables, imprescriptibles e inenajenables, respondió que no se las enajenarían porque ‘es sólo una concesión’. Pero esa concesión es nada menos que por 100 años”.

Edwin Castro, jefe de la bancada sandinista, aseguró que la construcción del canal garantizará un crecimiento económico del 10% al 15% a corto plazo y la creación de 2 millones de empleos formales. Sin embargo, la Alianza Nicaragüense ante el Cambio Climático, que agrupa a unas 20 organizaciones ambientalistas locales, manifestó que si bien comparte “el deseo de encontrar alternativas que nos conduzcan a superar los niveles de pobreza”, el proyecto “no debe comprometer las posibilidades de las futuras generaciones a vivir en un ambiente sano”.

Para Campos, la construcción del canal y la conservación del agua para consumo humano “son mutuamente excluyentes”. O se tiene un canal o se tiene un reservorio de agua para la población, indicó.
—Noticias Aliadas.


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Noticias Aliadas / Latinamerica Press
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