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COLOMBIA
Suspendidas fumigaciones de cultivos de coca
Susan Abad
25/05/2015
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Tomó 15 años demostrar que aspersión con glifosato es dañina para la salud.

Más vale tarde que nunca, sería el refrán que se podría aplicar a la decisión que el 14 de mayo tomó la Comisión Nacional de Estupefacientes de suspender las fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos con glifosato, por considerarlas dañinas para la salud.

Tras más de 15 años de uso continuo de esta forma de erradicación de cultivos ilegales de coca, la nueva alarma llegó en una publicación de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) —que hace parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS)—, que clasificó el herbicida glifosato y a los insecticidas malation y diazinon, como productos probablemente cancerígenos.

Tras recibir el informe, el ministro de salud Alejandro Gaviria envió una carta al Consejo Nacional de Estupefacientes indicando que “en el marco de sus obligaciones de protección de la salud pública (…) el Ministerio recomienda suspender de manera inmediata el uso del glifosato en las operaciones de aspersión aérea para la erradicación de cultivos ilícitos”.

Gaviria se apoyó en la publicación el 20 de marzo de la revista científica The Lancet Oncology sobre los resultados de la reunión de expertos de la IARC en lo que concierne directamente al glifosato, que revela que la exposición a esta sustancia puede estar relacionada con la generación de linfoma no-Hodgkin y que la exposición experimental en animales está relacionada con la probabilidad de generar carcinoma tubular renal, hemangiosarcoma, tumores en la piel y adenoma pancreática.

“Esta es una advertencia que la hemos venido haciendo desde hace más de 15 años”, dijo a Noticias Aliadas el senador del Polo Democrático Jorge Robledo, quien ya en el 2004 había denunciado en el Congreso que “hasta por lo menos setiembre del 2002 (…) lo que las avionetas arrojaban desde el aire salía en EEUU con un letrero que decía: ‘Tóxico para no venta en EEUU’”. Recordó que Colombia es el único país en el mundo que realiza aspersiones aéreas con este producto.

El Plan Colombia
El cuestionado glifosato ingresó al país en 1994, pero fue en 1999 de la mano del Plan Colombia que se empezó a utilizar intensamente. Por medio de este acuerdo de lucha contra las drogas firmado entre los presidentes Andrés Pastrana (1998-2002), de Colombia, y Bill Clinton (1993-2001), de EEUU, facilitaba helicópteros, pilotos y herbicidas, en busca de erradicar las 164,000 ha de cultivos de coca que había en el país por esas fechas.

Casi inmediatamente se entablaron las primeras de miles de demandas de campesinos que veían y siguen viendo afectada su salud, la muerte de sus animales y la intoxicación de sus fuentes de agua, a causa de aspersiones aéreas con el químico.

“La Policía Antinarcóticos vino a jugar con la vida de nuestra gente porque no les importaba echarle el químico a la población civil, a las zonas para el consumo de agua, para ellos era un juego tirar esos insumos”, asegura el líder del municipio de Tumaco, en la Costa Pacífica Apolinar Granja.

Daniel Mejía, director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes (CESED), asegura a Noticias Aliadas que en un estudio realizado en el 2013 por su organización “encontramos que el herbicida glifosato está asociado a mayor incidencia en enfermedades dermatológicas, respiratorias y de abortos no inducidos. Usando datos del Ministerio de Salud y de los datos diarios de aspersión con glifosato en Colombia, encontramos que existe una asociación causal muy significativa”.

Tras la publicación del estudio, Mejía renunció a su cargo de presidente de la Comisión Asesora de Políticas contra la Droga, argumentando que la Cancillería descalificó sus investigaciones sobre los efectos nocivos del uso de glisfosato.

El problema cruzó las fronteras en el 2008. El Gobierno de Ecuador presentó una demanda contra Colombia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por los efectos de las fumigaciones con glifosato realizadas en 10 km de zona colindante.

“Ecuador tiene pruebas contundentes de que las aspersiones colombianas traspasaron la frontera y afectaron seriamente la salud y economía de numerosos ciudadanos ecuatorianos”, afirmó la Cancillería ecuatoriana. Finalmente, el gobierno colombiano llegó a una conciliación con Ecuador, en la que aceptó el pago de una indemnización por cerca de US$15 millones a cambio de retirar la demanda.

Derecho a un ambiente sano
En el 2013, ante la avalancha de denuncias, el Consejo de Estado prohibió la fumigación de cultivos ilícitos en los parques naturales nacionales aduciendo que amenazaba “los derechos de miles de habitantes de las zonas fumigadas a gozar de un ambiente sano, a la salud y a la vida”. Un año después, el alto tribunal reafirmó su sentencia argumentando que nuevas investigaciones “confirmaron que el glifosato, en altas concentraciones, puede alterar la estructura del ADN en diferentes tipos de células humanas en cultivos in vitro”.

La decisión de la Comisión Nacional de Estupefacientes causó controversia, toda vez que con la suspensión de las aspersiones Colombia renuncia a la que consideró por años su arma más importante en la lucha contra las drogas ilícitas. Según cifras del gobierno colombiano, los cultivos de coca pasaron de 163,000 ha en el 2002 a 48,000 ha en el 2013.

Para Mejía, a lo nocivo que resulta el glifosato para la salud hay que agregarle lo inefectivo del método. “En promedio por cada hectárea de sembrío de coca fumigada se reducen en más o menos 3.5% el cultivo, es decir que para eliminar una hectárea hay que fumigar cerca de 30 ha”, con el precedente de que “eliminar una hectárea con glifosato le cuesta al país cerca de $72,000”.

“Desde el inicio del Plan Colombia se han fumigado más de 2 millones de hectáreas [de cultivos de coca] y sólo se han logrado eliminar unas 100,000”, afirma.

Rafael Nieto, exviceministro de Justicia, explica  a Noticias Aliadas  su desacuerdo con la medida, toda vez que los cultivos ilícitos “aumentaron precisamente en las áreas geográficas donde no hubo fumigación aérea, que son: la franja de 10 km de frontera con Ecuador, en los departamentos de Putumayo y Nariño, y en el Catatumbo, donde en el 2011, después de un paro, el gobierno decidió negociar con los campesinos cultivadores de coca, que no iba a haber más fumigaciones. Y entre el 2011 y el 2013 los narcocultivos en el Catatumbo crecieron en un 120%”.

Mientras tanto, el gobierno espera miles y millonarias demandas de afectados por glifosato. Según el Sistema Único de Gestión e Información y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, entre 1998 y 2005 se presentaron demandas que ascienden a aproximadamente $590 millones.
—Noticias Aliadas.


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Policías destruyen poza de maceración de hoja de coca en selva colombiana. (Foto cortesía de la Policía Antinarcóticos)
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