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MÉXICO
Derecho a la tierra, al territorio y los bosques
Louisa Reynolds
09/03/2016
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Líderes campesinos luchan por preservar tenencia comunal de la tierra.

Abisaín Solís López, presidente del comité del ejido Chicoasén en Chiapas, el estado más meridional de México, pagó un alto precio por la oposición de su comunidad a la construcción de la hidroeléctrica Chicoasén II en tierras comunales.

Establecidos en los años 30 y arraigados en la tradición prehispánica, los ejidos son tierras comunales usadas para la agricultura, en las cuales sus integrantes cultivan individualmente parcelas designadas y mantienen colectivamente las propiedades comunales. Considerados alguna vez como el componente clave de la reforma agraria postrevolucionaria, su privatización y venta fue legalizada durante el gobierno del expresidente Carlos Salinas de Gortari (1988-94) a principios de los 90.

En enero del 2015, el gobierno mexicano otorgó el contrato para la construcción de Chicoasén II —que estará ubicada en el río Grijalva— a Sinohydro, una empresa china con sede en Costa Rica, y a la corporación mexicana Omega Construcciones.

Pero cuatro meses después, un juez federal acogió un recurso de apelación presentado por 11 de los 460 ejidatarios de Chicoasén, que pertenecen al pueblo indígena Zoque, en la que argumentaban que la construcción de la represa era ilegal ya que los documentos que supuestamente autorizaban la venta de sus tierras habían sido firmados por ejidatarios fallecidos hacía más de siete años.

A los pocos días, Solís López, de 65 años, fue secuestrado y golpeado por desconocidos en Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas. Luego de varios días sin regresar a su casa, su hija Claudia Solís Hernández lo encontró inconsciente en una cama de hospital con señales de tortura. Tenía un tajo en la garganta y el lóbulo de la oreja derecha había sido cortado. Solís López estaba tan traumatizado por el ataque que no podía recordar quiénes lo habían secuestrado aunque los ejidatarios estaban seguros que se trató de una represalia por su oposición a la hidroeléctrica.

Expropiación ilegal
El 21 de octubre del 2015, las autoridades emitieron órdenes de arresto contra los 11 ejidatarios que presentaron el recurso de apelación acusándolos de conducta violenta luego que llevaran a cabo una protesta pacífica.

“Es ilógico que den una orden de aprehensión por motín contra un grupo de señores de 80 años con bastones”, dijo Solís Hernández a Noticias Aliadas.

En protesta contra la orden de detención, los ejidatarios realizaron una huelga de hambre durante varios días, pero aún así el gobierno se negó a aceptar sus demandas. Preocupado por el bienestar y seguridad de los ejidatarios, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, organización local defensora de los derechos humanos, reportó en noviembre del 2015 el presunto hostigamiento e intimidación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los ejidatarios de Chicoasén sostienen que el gobierno expropió sus tierras para construir la represa utilizando medios fraudulentos y que las viviendas campesinas ubicadas a orillas del río serían inundadas una vez que el proyecto sea inaugurado en agosto del 2018. También aseguran que nunca fueron compensados por la expropiación de las tierras comunales para construir otra represa, también ubicada en el río Grijalva, conocida como Chicoasén o Manuel Moreno Torres, que posee una capacidad generadora de 2,400 MW y es una de las 10 mayores hidroeléctricas del mundo.

“Nunca nos hemos negado al proyecto [Chicoasén II]”, afirmó Solís Hernández. “El problema es que nunca nos han tomado en cuenta”.

Marco Aurelio Ramírez García, quien supervisa el proyecto Chicoasén II, afirma que las preocupaciones de la comunidad han sido tomadas en cuenta e indica que la superficie que será inundada (180 Ha) es pequeña en comparación con otras represas, como la de Angostura, también ubicada en el estado de Chiapas, que periódicamente inunda 65,000 Ha de tierras.

El 12 de febrero, las tensiones aumentaron en la puerta de entrada al proyecto Chicoasén II, luego que empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) negaran el ingreso al lugar a los ejidatarios y a un grupo de periodistas con el argumento que debió enviarse una solicitud con anticipación por razones de seguridad. Durante la caldeada discusión con los empleados de la CFE, los ejidatarios presentaron sus títulos de propiedad comunales e insistieron que nadie puede legalmente evitar que accedan a su propiedad.

“Tú no sabes nada; tú lo que defiendes es tu chamba”, dijo visiblemente enojado Juanito Núñez González, de 78 años, uno de los ejidatarios de Chicoasén, a un empleado de la CFE.

Finalmente, luego de 45 minutos, ejidatarios y periodistas abandonaron el lugar.

Privatización de los ejidos
Chicoasén II también ha sido promocionada por el gobierno mexicano como un proyecto que traerá empleo a las empobrecidas comunidades campesinas.

“Es mentira. No nos han ofrecido empleo porque el gobierno dice que no estamos calificados. En los años 70 solíamos cultivar cacao, café y henequén pero ellos se apropiaron de las mejores tierras para construir la represa [Manuel Moreno Torres]. Mucha gente en esta comunidad ha sido obligada a emigrar a Monterrey [ciudad industrial cerca de la frontera con EEUU] para trabajar en corporaciones multinacionales”, dijo a Noticias Aliadas Marco Antonio Solís Hernández, hijo de Abisaín Solís López y activista por los derechos de la comunidad ejidal de Chicoasén.

Según la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), el año pasado el 51% de la superficie total de tierras (196 millones de Ha) era de propiedad de los ejidos y otras formas de organización comunal, área del tamaño de Venezuela y dos veces la de España, que contiene 80% de las tierras forestales de México, 74% de su biodiversidad y dos tercios de tierras costeras. México tiene un total de 29,442 ejidos —siendo Chiapas el estado con la mayor extensión de tierras de propiedad comunal después de Veracruz— y 5.2 millones de ejidatarios.

El académico filipino Walden Bello, autor de Food Wars. Crisis alimentaria y políticas de ajuste estructural, ha analizado la privatización de los ejidos en México. Sus hallazgos —en el sentido de que los cambios al sistema han fracasado en mejorar la productividad agrícola y han contribuido en gran medida a empeorar la pobreza rural, la migración y la conversión de un país originalmente cultivador de maíz en un importador neto de este alimento básico— respaldan las declaraciones de Marco Antonio Solís Hernández. —Noticias Aliadas.


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Ejidatarios opuestos a construcción de hidroeléctrica Chicoasén II respaldan a presidente de comité ejidal. /Louisa Reynolds
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