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ARGENTINA
Fondos buitre ganaron la partida
Noticias Aliadas
09/03/2016
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Gobierno llega a un arreglo con los cuatro mayores acreedores que no aceptaron entrar en canje de deuda.

Tras 15 años de disputa, el 29 de febrero, el gobierno argentino y los acreedores que no aceptaron entrar en canje de deuda en el 2005 y el 2010 arribaron a un acuerdo. El gobierno deberá pagarles US$4.6 millardos, que constituyen el 75% de los fondos buitres, incluyendo capital, intereses y honorarios legales.

Según el mediador Daniel Pollack, el gobierno argentino tiene plazo para pagar dicho monto “en efectivo y en dólares” hasta el 14 de abril. Mientras tanto, el Congreso debe derogar las llamadas leyes Cerrojo (2005) y de Pago Soberano (2014) sancionadas con el objetivo de proteger la soberanía financiera de Argentina frente a los fondos buitre, especializados en comprar deudas de países en graves problemas financieros para luego demandar el pago a través de los tribunales y sacar el mayor provecho posible.

“Ninguna de las partes consigue todo lo que busca. Un acuerdo es, por definición, un compromiso y, por suerte, las dos partes en esta épica disputa finalmente vieron la necesidad de un compromiso, y lo han hecho”, dijo Pollack, quien fue nombrado por el juez Thomas Griesa, de la corte del Distrito Sur de Nueva York, para mediar en las negociaciones entre Argentina y los fondos buitre.

Griesa, de 85 años, congeló en el 2014 los pagos a los acreedores que habían reestructurado su deuda hasta que Argentina pagara también a cuatro fondos buitre estadounidenses —Aurelius Capital, Davidson Kempner, Bracebridge Capital y Elliot Management— que se habían negado a renegociar.

El exministro de Economía Axel Kicillof, en un artículo publicado en el diario Página 12, precisó que durante el gobierno del expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) se ofreció pagar a los acreedores $0.35 por cada dólar de la deuda.

Para Kicillof, la de Kirchner “fue una oferta realmente agresiva”.

“Si Néstor [Kirchner] ofreció $0.35 centavos por cada dólar, Griesa pretende que Argentina pague $4 por cada dólar”, indicó. “Pero además hay que tener en cuenta que los buitres pagaron sólo $0.25 por cada dólar, porque nunca le prestaron plata a Argentina sino que compraron los títulos después del default [cesación de pagos del 2001] e incluso después de la reestructuración con el expreso propósito de buscar un juez que les de la razón. La sentencia de Griesa cumple ese objetivo y les otorga una ganancia de 1,600%, que con el descuento que ofrece el gobierno de [el presidente Mauricio] Macri se reduciría a ¡1,200%!”.

Condiciones del acuerdo
La historia comenzó en diciembre del 2001 cuando el país estalló económicamente y se declaró en default. Tras asumir la presidencia en el 2003, Kirchner convocó a los acreedores a sumarse a un proceso de reestructuración de la deuda que en ese momento ascendía a $144 millardos. El 92.4% de los tenedores de bonos aceptó la propuesta de recibir sólo el 25% de sus acreencias. Parte del 7.6% restante que no entró en ese proceso fue comprado en el 2008 por los fondos buitre que pagaron menos del 30% de su valor pero reclamaron judicialmente que Argentina les pague el 100% de la deuda más los intereses.

El ministro de Economía Alfonso Prat-Gay explicó en rueda de prensa que debido a que el acuerdo implica el pago en efectivo, el gobierno emitirá bonos por un máximo de $15 millardos, “que no se entregarán a los acreedores, [sino que] se colocarán en el mercado, por lo que van a ser más rentables y permitirán ahorrar $3 millardos”.

El pago a los acreedores, aseguró Prat-Gay, “no saldrá de las reservas del Banco Central”.

Además, el ministro solicitó al Congreso derogar los dos dispositivos legales que exige Griesa para validar el acuerdo con los fondos buitre. La Ley Cerrojo impide al gobierno formular una mejor oferta que la realizada a los tenedores de bonos y acreedores que negociaron la reestructuración de sus deudas en el 2005 y 2010, y la Ley de Pago Soberano —que intentaba eludir el fallo de Griesa quien bloqueó el pago a los acreedores que habían aceptado renegociar— permite depositar el monto de los títulos reestructurados en una cuenta especial fuera de la jurisdicción de EEUU.

Prat-Gay anunció que el Ejecutivo enviará al Congreso “un proyecto de ley que permita ejecutar el acuerdo”. —Noticias Aliadas.


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