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ARGENTINA
A la deriva en protección ambiental
Alejo Álvez
31/03/2016
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Ministros nombrados por presidente Mauricio Macri no son conocidos por defender el medio ambiente.

Si bien no ha habido ninguna definición expresa del gobierno del presidente Mauricio Macri —quien asumió el 10 de diciembre del 2015— en torno al tema ambiental, y en el programa de la alianza PRO–Cambiemos que lo llevó a la presidencia,  la defensa del ambiente no ocupó un lugar destacado, tanto el Ejecutivo nacional como la gobernación de la estratégica provincia agrícola ganadera de Buenos Aires —gestionada por el mismo sector político— están actuando en una dirección coincidente.

Durante la campaña electoral Macri no abundó en detalles, pero prometió crear un Ministerio de Medio Ambiente, lo cual efectivamente cumplió. Pero sus primeras decisiones se contradicen con su proclama de “recuperar la institucionalidad” a nivel de política ambiental.

Con sus primeras medidas Macri favoreció a los grandes plantadores y comercializadores de granos —un sector que ejecuta prácticas de cultivo que conllevan al uso de grandes cantidades de agroquímicos altamente contaminantes— con una fuerte devaluación del 43% y la eliminación del impuesto a las exportaciones (en el caso de la soja lo redujo en principio del 35% al 30%). Luego, por la vía de un decreto de fecha 15 de febrero benefició al sector minero con la eliminación de todos los gravámenes a la exportación.

Como paradigmático fue considerado el nombramiento del rabino conservador Sergio Bergman como titular del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Bergman, quien fue legislador durante la gestión de Macri como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2007-2015),  admitió que “esta designación fue una sorpresa, porque no tengo ningún conocimiento técnico en esos temas, aunque prometo que aprenderé”.

El 26 de enero se conocieron los nombramientos de las autoridades de la  Administración de Parques Nacionales, organismo encargado de la conservación y el manejo de los ecosistemas y los monumentos y las reservas naturales. Macri firmó junto con el ministro Bergman el decreto de designación de Eugenio Breard como presidente de la entidad y de Emiliano Ezcurra como vicepresidente.

Breard era un alto ejecutivo de la tabacalera estadounidense Phillip Morris y, en tal carácter, integró el equipo que delineó la estrategia de la empresa en su disputa contra Uruguay, iniciada en el 2010 y aún pendiente de resolución, en reacción frente a las políticas antitabaco adoptadas en el primer gobierno del presidente Tabaré Vázquez (2005-2010).  Ezcurra es un antiguo activista de Greenpeace que en el 2009 fue financiado  por el magnate estadounidense Douglas Tompkins para crear su Banco de Bosques. Ese año se vinculó a la organización Forest Stewarship Council (FSC) y se convirtió en coordinador de esa entidad de Toronto, Canadá, que ofrece su propio sello de acreditación y certificación de manejo forestal a personas o empresas interesadas en la tala sustentable de los bosques. La organización ecologista Vida Silvestre, en un documento del 2014,  cita al Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC) señalando que  el FSC “no es más que un organismo trasnacional que engloba en su red a otras tantas empresas multinacionales dentro del negocio del papel”.

República Unida de la Soja
No menos paradigmático fue el nombramiento de Leonardo Sarquís en el Ministerio de Asuntos Agrarios de Buenos Aires, la mayor productora nacional de soja y maíz genéticamente modificados. En su perfil de la red Linkedin, Sarquís recuerda que fue gerente regional del programa de semillas transgénicas de Monsanto y reivindica que, durante su pertenencia a la misma, la empresa experimentó un “crecimiento sostenido en Argentina, Paraguay y Uruguay”, junto con Brasil el cuarteto que compone la llamada República Unida de la Soja.

La gestión de Sarquís en Buenos Aires será acompañada desde la Dirección Nacional de Agricultura por Ignacio Garciarena, un fuerte plantador de soja que preside la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID) y que, como tal, es un defensor del libre uso del glifosato, un agroquímico producido por Monsanto para proteger sus semillas e identificado como agente cancerígeno y destructor del ambiente. Al hacer la defensa del glifosato, Garciarena definió a los ambientalistas como “ecoanarquistas”.

En este sector básico de la economía argentina, Macri cerró el círculo designando al frente del Ministerio de Agroindustria al exdiputado Ricardo Buryaile, un fuerte productor de soja que se convirtió en legislador en el 2009, después de haber comandado el año anterior, junto a sus pares de las cuatro cámaras de empresarios sojeros y agropecuarios, la frustrada campaña para destituir a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).

El OETEC y otras organizaciones llamaron la atención sobre el nombramiento de Juan José Aranguren al frente del Ministerio de Energía y Minería, quien fue en los últimos 12 años el director ejecutivo de la petrolera anglo-holandesa Royal Dutch Shell.

Desde la Secretaría de Minería fue instrumentalizado un generoso tratamiento a las empresas mineras, en su mayoría canadienses, que operan a lo largo de la Cordillera de los Andes. Su titular, Daniel Meilán, y su segundo Mario Capello, ambos designados por el ministro Aranguren y con antigua trayectoria en el sector privado. Ambos fueron los impulsores del modelo extractivista plasmado en el Código de Minería ordenado por el gobierno neoliberal del expresidente Carlos Menem (1989-1999).

 

Minería sí contamina
Según señalara el 2 de diciembre el portal especializado Miningpress, Meilán y Capello —quien es titular del Colegio Argentino de Ingenieros de Minas (CAIM)— “tienen los mejores contactos en Canadá, sede de las principales mineras que operan en el mercado”. En su discurso de asunción, Capello repitió una sentencia ya escrita en un documento del CAIM: “Quienes cuestionan la minería son ignorantes con ideología apátrida, es sabido que la minería produce cero contaminación”.

“El gobierno premia a un sector que no tiene ningún reparo en contaminar y arrasar con nuestros bienes naturales, recordemos por ejemplo que la minera Barrick Gold es responsable de un derrame de cianuro en los afluentes del río Jáchal, en la cordillera de San Juan (oeste del país), que contaminó el agua de varios poblados”, señaló Laura Álvarez Huwiler, experta del estatal Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

En efecto, el 10 de marzo, un juez sanjuanino procesó por “negligencia e impericia” y multó por US$ 56,000 a nueve ejecutivos de Barrick Gold por el derrame en diciembre del 2015 de un millón de litros de solución cianurada en la mina Veladero. El estudio oficial que sustentó la decisión judicial detectó que “las aguas del río Jáchal están contaminadas con metales en dosis de hasta 1,400% por encima de las valores humanamente tolerables”.

La Red Ecoambiental y las asambleas ciudadanas de las localidades de Esquel (en el sur), Chilecito y Famatina (en el norte) y de poblados situados a lo largo de los Andes, se movilizaron contra la eliminación de las retenciones (impuesto a las exportaciones) a la minería anunciada por Macri el 12 de febrero, y denunciaron que el gobierno protege a una de las actividades más contaminantes y peligrosas, que sigue avanzando sin control sobre los recursos naturales.

Greenpeace, por su parte, señaló que antes de amparar a las mineras, “el gobierno deberá preocuparse por el cumplimiento de la Ley de Glaciares, sistemáticamente violada, tal como se vio en San Juan con el criminal derrame provocado por Barrick Gold, que contaminó las aguas del Jáchal”. —Noticias Aliadas.


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Preocupa a ecologistas que exgerente de multinacional Monsanto, maneje política agropecuaria de la provincia de Buenos Aires. / UNCuyo
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