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PANAMÁ
PANAMÁ: Comunidades indígenas divididas en torno a hidroeléctrica
Louisa Reynolds
03/11/2016
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Congreso General Ngäbe Buglé rechaza acuerdo sobre el futuro de controvertido proyecto Barro Blanco.

El 27 de setiembre, el Congreso General Ngäbe Buglé, la autoridad más alta de la Comarca Ngäbe Buglé (región semiautónoma), votó en contra de un acuerdo firmado entre el presidente Juan Carlos Varela y la expulsada líder indígena Silvia Carrera, que permitía el inicio de operaciones de la hidroeléctrica Barro Blanco, ubicada en el distrito de Tolé, a 400 km al oeste de Ciudad de Panamá.

El acuerdo, firmado el 22 de agosto, fue rechazado por un estrecho margen luego de una sesión extraordinaria de cuatro días. Sólo 141 de los 300 delegados indígenas ejercieron su derecho a votar, de los cuales 65 votaron a favor y 76 en contra del proyecto argumentando que Carrera se había excedido en sus atribuciones como Cacica General, la representante electa de la comunidad indígena Ngäbe Buglé, que había llegado a un acuerdo con el gobierno sin haber consultado adecuadamente a las comunidades indígenas.

Ubicada en el río Tabaseré, la planta hidroeléctrica de 28 MW ha causado controversia desde que en el 2007 el gobierno del expresidente Martín Torrijos (2004-2009) autorizó su construcción ya que inundará 189 Ha de territorio Ngäbe, poniendo en riesgo la agricultura de subsistencia y las fuentes de agua potable, y amenazando con dejar bajo el agua petroglifos sagrados del pueblo Ngäbe.

Más de 150,000 integrantes del grupo indígena Ngäbe Buglé actualmente viven dentro de la comarca que fue establecida en 1997.

La hidroeléctrica, desarrollada por Generadora del Istmo SA (GENISA), empresa panameña creada específicamente para este proyecto, es financiada por dos bancos de desarrollo europeos: la Sociedad Alemana de Inversión y Desarrollo (DEG) y el Banco Holandés de Desarrollo (FMO), así como por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Aunque la construcción está terminada en un 95%, fue paralizada en febrero del 2015 en medio de enfrentamientos entre manifestantes Ngäbe Buglé y fuerzas de seguridad locales. La administración de Varela entabló conversaciones con las autoridades indígenas pero las tensiones aumentaron el 22 de mayo de ese año cuando el gobierno permitió a GENISA hacer una inundación de prueba al reservorio mientras se desarrollaban las negociaciones.

En vista que las protestas indígenas persistían, el gobierno ordenó a GENISA en junio detener la inundación de prueba dejando el reservorio a 87.5 metros sobre el nivel del mar, poco menos de su máximo de 103 metros.

Sin consulta previa
Las negociaciones continuaron, respaldadas por las Naciones Unidas, hasta que se llegó a un acuerdo que fue firmado por Carrera y el gobierno de Varela en Llano Tubri, capital de la comarca. Sin embargo, la ceremonia a la que asistieron el presidente Varela y la vicepresidenta Isabel Saint Malo, que se llevó a cabo con fuerte presencia policial, fue interrumpida por las protestas y una decena de activistas indígenas casi lograron que el evento fuera suspendido momentos antes que se iniciara. A pesar de los enfrentamientos con la Policía, el acuerdo fue firmado pero minutos después Varela, Saint Malo y Carrera se vieron obligados a refugiarse en una escuela luego que los manifestantes les lanzaran piedras.

Varela manifestó que fue “un incidente aislado” y acusó a los manifestantes de incitar a niños a lanzar piedra a las autoridades. “Vimos como niños inocentes fueron utilizados para esto”, dijo.

Integrantes del Movimiento 10 de Abril, fundado en 1999 por activistas que protestaron contra una hidroeléctrica anterior, insisten que Carrera firmó el acuerdo sin haber consultado a las comunidades indígenas y demandó su anulación. También están considerando llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2014 ordenó al Estado panameño pagar a las comunidades indígenas afectadas por la construcción de la hidroeléctrica Bayano, en la provincia de Darién, una compensación de US$2.5 millones.

Mientras tanto el presidente Varela no da marcha atrás e insiste que el acuerdo debe ser implementado.

“El acuerdo va y ese es el acuerdo que queda”, dijo. “Cualquiera que irrespete a las autoridades, no nos queda más que hacer respetar las leyes de la República y a todas las autoridades. Hay que respetar a los caciques de la comarca que fueron escogidos democráticamente”.

La votación ha puesto en evidencia profundas divisiones dentro de la comunidad Ngäbe Buglé. Por un lado, quienes apoyan el acuerdo firmado por Carrera argumentan que es en el mejor interés de la comunidad ya que permite seguir adelante con la terminación y operación de la hidroeléctrica a cambio que GENISA —que ha sido multada por más de $750,000 por irregularidades en su estudio de impacto ambiental y en el proceso de consulta a la comunidad— sea reemplazada por otra empresa. GENISA ha acusado al gobierno de haber “violado” sus derechos.

Además, el acuerdo establece un fideicomiso para desarrollar alternativas a las prácticas agrícolas de subsistencia que se interrumpirán por la presencia de la represa, tales como forestería, ecoturismo y actividades artesanales, garantiza que 50% de los trabajadores provendrán de la comunidad Ngäbe Buglé, y establece que 15% de las ganancias generadas por la hidroeléctrica serán invertidas en la comarca Ngäbe Buglé. Cualquier futuro proyecto dentro de territorio Ngäbe Buglé deberá ser aprobado en un plebiscito así como por las autoridades indígenas.

Igualmente se llevará a cabo un estudio arqueológico para determinar si es mejor retirar los petroglifos del lugar o protegerlos dentro de una estructura de concreto.

Problema político
“Se establece el reconocimiento de los pueblos indígenas por el Estado y se da la participación en el desarrollo a los pueblos indígenas en vez de ser despojados de sus territorios. Vemos esto como un modelo pacífico que puede sentar un precedente para otros países como Honduras, donde se ha ratificado el Convenio 169 [de la Organización Internacional del Trabajo], pero se ha dado el asesinato de Berta Cáceres y otros líderes”, explicó Esteban Pinns, asesor técnico del Congreso General Ngäbe Buglé a Noticias Aliadas.

“Esto no quiere decir que estemos de acuerdo con la hidroeléctrica porque asesinaron a hermanos Ngäbe; lo que queremos es minimizar el daño creado por los gobiernos anteriores”, agregó Pinns en referencia al caso del manifestante ngäbe Onésimo Rodríguez, quien fue asesinado por cuatro asaltantes enmascarados en marzo del 2013 luego de asistir a una protesta contra la hidroeléctrica.

Según Pinns, el verdadero punto de discordia es el hecho que el acuerdo estipula que las autoridades locales, y no el Congreso General Ngäbe Buglé, administrarán los recursos económicos. “Se convirtió en un problema político”, afirmó.

Por otro lado, Olmedo Carrasquilla, coordinador del grupo ambientalista Voces Ecológicas, sostiene que en principio sería un error aceptar cualquier compromiso con el gobierno y que la hidroeléctrica nunca debe entrar en funcionamiento.

“No podemos pasar por encima de un pueblo. Todas esas tierras que se inundaron ya perdieron su espacio espiritual. Es una afectación que no se subsana con dinero o con reubicación, es una violación a los derechos humanos”, indicó a Noticias Aliadas. “No hay garantía que los pueblos indígenas obtengan un verdadero beneficio. En el 2012 se aprobó la ley que prohíbe concesiones y supuestamente le da beneficios al pueblo Ngäbe Bugle pero no se ha cumplido”.

Luego del rechazo del Congreso General Ngäbe Buglé al acuerdo, sus defensores aseguran que renegociarán un nuevo acuerdo en términos más favorables para la comunidad Ngäbe Buglé que será enviado al Congreso General Ngäbe Buglé en un plazo de dos meses.

Pinns confía que el voto aprobatorio ganará por segunda vez.

“Hay una situación muy tensa en la política interna de la comarca. No hubo una divulgación [del acuerdo] y [quienes se oponen al acuerdo] manejaron a la gente que quisieron. Por eso sólo asistió poco más de la mitad. Ahora no creo que se rechace porque hay más divulgación y la gente está más enterada”.

Carrasquilla, por su parte, insiste que entre la comunidad “el gobierno no goza de la mayoría de aceptación. Queremos que se vuelva a hacer una nueva consulta; puede llegarla a perder”. —Noticias Aliadas.


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Proyecto amenaza con dejar bajo el agua petroglifos sagrados del pueblo Ngäbe. / Colectivo Voces Ecológicas
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