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ARGENTINA
“La lucha por el territorio es la problemática más apremiante para los pueblos indígenas”
Paolo Moiola
19/10/2018
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Entrevista con José Auletta, sacerdote de la congregación Misioneros de la Consolata

Argentina ha sido considerada por décadas como un país sin pueblos originarios, sin embargo, los indígenas son cerca de un millón de personas, de una población total de 45 millones, representados en más de 30 pueblos diversos.

El sacerdote José Auletta, de la congregación Misioneros de la Consolata, trabaja en Argentina desde 1976, y en estos 42 años se ha ocupado principalmente de la causa indígena. Entre el 24 y 28 de setiembre del 2018, el padre Auletta representó al Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) en la 64ª  Sesión del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas en Ginebra (Suiza). Su intervención ante la asamblea fue dedicada a presentar el informe sobre la situación de los pueblos indígenas en la Argentina, en el que además de describir la situación, resaltó los reclamos indígenas ante el incumplimiento de sus derechos por parte del Estado argentino.

Paolo Moiola, colaborador de Noticias Aliadas, conversó con el padre Auletta precisamente sobre la situación de la población indígena en Argentina, los problemas que los afectan y la posición de la Iglesia Católica y el papa Francisco frente a esta.

¿Existe un problema común que afecta a los más de 30 pueblos indígenas de Argentina?
La restitución de la bendita tierra, bendita por todo lo que significa en la cosmovisión indígena, a nivel vital, cultural, espiritual y de la identidad, podríamos decir que es la “madre de todas las batallas”. La lucha por el territorio es la problemática más apremiante entre aquellas que afectan a las comunidades. De las 1,532 comunidades registradas (aunque hay más) solo se concluyó el relevamiento de 459, lo que representa apenas un 29.96% del total, en la ejecución prevista por la Ley de Emergencia 26.160 del 2006, y que no se termina de llevar a cabo, habiendo transcurrido ya 12 años desde su promulgación.

Argentina no ha previsto mecanismos de titularización de las tierras/territorios de los pueblos indígenas. La ley recién mencionada solo garantiza la determinación técnico-jurídico-catastral de los territorios comunitarios, pero no reconoce títulos de propiedad. Por eso hay más de 200 casos de conflictos territoriales que afectan a pueblos originarios, sondeados en un mapa especial elaborado por Amnistía Internacional con apoyo de varias organizaciones (http://www.territorioindigena.com.ar/).

El pasado 11 de setiembre la justicia argentina extraditó a Chile al líder mapuche Facundo Jones Huala. ¿Considera que esta medida forma parte de una estrategia del gobierno para criminalizar la protesta indígena?
Es un tema bastante complejo el del lider mapuche Facundo Jones Huala, representante de la llamada Resistencia Ancentral Mapuche (RAM) con características propias que no son del todo compartidas por la mayor parte de las comunidades mapuches, porque propone una respuesta armada frente a la violencia que yo considero más grave –la institucional–, del mismo Estado que viola desde tanto tiempo la misma Constitución. Mientras tanto, algunos medios de comunicación monopólicos, que pretenden incidir en la opinión pública, se han servido de estas acciones “violentas” atribuidas a la RAM para estigmatizar y criminalizar la casi totalidad de las legítimas protestas indígenas por la tierra.

Desde el Espacio Nacional para la Paz y el Diálogo Intercultural, que nuclea a distintos intelectuales y referentes sociales y del que soy integrante, se expresó que el 2017 será recordado como un año atravesado por hechos de violencia, tales como el asesinato de Rafael Nahuel, joven mapuche de la comunidad Lafken Winkul Mapu, por la Prefectura Naval en la provincia de Río Negro en el marco de una recuperación territorial, así como de otros hechos de violencia y represión institucional contra las comunidades indígenas.

Entre ellos, la desmedida represión efectuada por Gendarmería Nacional en Pu Lof en Resistencia en Cushamen, Chubut, en enero del 2017, y su repetición en agosto pasado, contexto en el cual se produjo la desaparición y muerte de [el activista] Santiago Maldonado. El 2018 vuelve a presentarse como un año signado por la violencia, la xenofobia y el racismo, dentro de un paradigma que insiste en desconocer los derechos colectivos de los pueblos indígenas, y cuyo modelo de seguridad encuentra su sustento en la represión policial y en una clara decisión política de defender a ultranza cualquier accionar de las fuerzas de seguridad.

Es alarmante el incremento constante de la violencia, el hostigamiento y la criminalización, que se traduce por ejemplo, en la reciente represión en Bariloche, luego de la lectura de la sentencia que ordenó la extradición del Lonko Facundo Jones Huala a Chile, con la consiguiente apertura de causas a 15 detenidos, incluido un menor, quienes en algunos casos denunciaron excesos que sufrieron por parte de la Policía.

Respecto al tema de las protestas por la tierra, muchos casos se refieren a la Patagonia que involucran a la familia italiana Benetton y al súper millonario británico Joe Ted Lewis quien hace más de 20 años compró una gran extensión de tierra en la provincia de Río Negro que impide el acceso al Lago Escondido. ¿Cómo se resuelve la cuestión de la propiedad de la tierra?
Los casos descritos en la respuesta anterior tienen que ver precisamente con conflictos territoriales relacionados con la propiedad (900,000 Ha) de los hermanos Benetton, comprada entre 1991 y 1997 en condiciones extremadamente favorables, sin mínimamente tener en cuenta la característica ancestral y tradicional de estas tierras.

El caso de Joe Ted Lewis es un ulterior ejemplo de la falta de control que limite la adquisición de tierras por parte de extranjeros.

La actual senadora Magdalena Odarda, abogada y presidenta de la Comisión Especial de los Pueblos Indígenas en el Senado de la Nación, antes de asumir ese cargo legislativo y con autorización judicial, recorrió personalmente el camino “obligado” para acceder al Lago Escondido, demostró y padeció las condiciones extremadamente difíciles que deben afrontar las personas para llegar al lago, aun habiendo un trazado mucho más corto, pero cerrado por el señor Lewis con un portón provisto de candado.

La Iglesia Católica argentina se ha pronunciado sobre el tema de la extranjerización de la tierra a través del estudio “Una tierra habitable para todos”, documentado y coordinado por el obispo Jorge Rubén Lugones en el año 2007.

En el 2011 fue promulgada una ley [Ley 26.737 Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales] que tenía el objetivo de poner límites a la compra de tierras rurales. No obstante, se sigue permitiendo que empresas nacionales y extranjeras adquieran considerables extensiones de tierras con la justificación de proyectos así llamados de desarrollo en zonas habitadas tradicionalmente por comunidades indígenas y campesinas, provocando éxodos forzados y daños ambientales y humanos con estas apropiaciones, de la mano de deforestaciones ya sin control, aún estando vigente la Ley de Bosques [Ley 26.331] que cuenta con criterios claros de limitación.

Parece ser ya una costumbre que, en tiempos de crisis, se vuelva todavía más difícil afrontar los problemas que afectan a los pueblos indígenas, y que el papa Francisco invitó a reconocer como “interlocutores autorizados” aunque empobrecidos. ¿Cómo se sale de este dilema?
En los tiempos de crisis se suele recurrir a los “recortes” para reducir la deuda pública (déficit), cumpliendo con el dicho que “el hilo se corta por lo más delgado”; los primeros en verse afectados son los débiles y de menores recursos (por ejemplo, la gran mayoría de jubilados) y, entre ellos, también los pueblos indígenas que recién están accediendo a los beneficios sociales de la comunidad nacional.

Hay algunos aspectos más específicos todavía: en la ejecución de la Ley de Emergencia 26.160 que prevé disponer de recursos económicos y humanos para concluir el relevamiento técnico-catastral de las tierras que ocupan las comunidades indígenas, el organismo designado es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Este organismo se vio reducido en su plantel técnico y administrativo, con varios despidos.

Otra área afectada por los “recortes” es la de la Secretaría de Agricultura Familiar –casi desmantelada–, perteneciente al Ministerio de Agro-Industria: aquí se han producido cesantías de muchos técnicos que acompañaban a comunidades indígenas y campesinas en su esfuerzo de subsistencia agrícola familiar.

Bastaría recordar un dato compartido en distintos eventos nacionales y a nivel del Mercosur: el 65% de los productores agropecuarios que tiene la Argentina responden a la agricultura familiar y son capaces de producir el 20% del Producto Bruto Agropecuario, además de garantizar la seguridad alimentaria. En Argentina, la visibilidad que ha adquirido la agricultura familiar en función del diseño y la ejecución de políticas públicas en la producción de alimentos es un hecho trascendente.

Con la política de ajuste que lleva adelante el gobierno [del presidente Mauricio Macri] se están desmantelando las políticas públicas que deberían amparar precisamente los sectores más en riesgo, como las comunidades indígenas y campesinas.

Como misionero católico, ¿cómo juzga el comportamiento de la Iglesia para con los pueblos indígenas, tanto a nivel argentino como global?
Se podría afirmar que hay un poco más de conciencia. Deseo recordar que la Pastoral Indígena es de las más activas y con unas visiones amplias y abiertas a la interculturalidad.

A nivel de Iglesia jerárquica, en el ámbito de la Conferencia Episcopal Argentina, está el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) que hace más de  30 años realiza un trabajo comprometido con los pueblos indígenas El ENDEPA está compuesto no solo por religiosos, religiosas, sacerdotes de larga trayectoria y experiencia de acompañamiento, sino también y sobre todo por laicos y representantes de los pueblos indígenas.

A nivel global deseo, sin falta, recordar el próximo Sínodo de Amazonia, proclamado por papa Francisco para octubre de 2019, como ocasión fuerte para involucrar a toda la Iglesia en nuevos caminos y para una ecología integral. Bastaría con observar el índice del documento preparatorio del Sínodo de los Obispos para la Asamblea Especial de la Región Panamazónica para darse cuenta del compromiso requerido a la Iglesia y a la sociedad en el cuidado de la Casa Común, que tiene en la Amazonia el gran pulmón ambiental y humano, que corre el grave peligro de quedar asfixiado, con consecuencias fatales para la humanidad.

¿Cómo definiría la interculturalidad?
Ya hace unos años, a nivel de nuestra congregación Misioneros de la Consolata se empezó a hablar de la interculturalidad como el nuevo paradigma de la misión, con una reflexión verdaderamente profunda y con la que se trató de involucrar a todas nuestras comunidades misioneras.

El tema de la interculturalidad es fundamental en el acompañamiento de los pueblos indígenas, en la Pastoral Indígena, y es motivo de continua reflexión y formación de los agentes de pastoral.

La interculturalidad es un modo de entender y direccionar nuestro comportamiento social. Cuando decidimos buscarla, la encontramos en la capacidad de escuchar al otro, sabiendo que ese intercambio posibilita un crecimiento mutuo, un enriquecimiento recíproco. La interculturalidad no pretende hacer de dos uno, sino respetar cada parte del todo. Un respeto que abarca a cada cultura, a cada forma, cada desarrollo, cada valor social, jurídico, cada voz, cada pueblo.

La interculturalidad necesita de la interacción pacífica y de un marco de igualdad. Tal vez, parte de la humanidad haya demorado varios siglos en entender que no existe un solo pensamiento, una sola cultura, una sola historia o una sola verdad. En el caso de la Argentina, la ocasión para esa comprensión se dio en forma palpable, gracias a la presencia y participación pertinaz y pertinente de los pueblos indígenas, con motivo de la reforma constitucional del año 1994, cuando se incorporó el reconocimiento a los derechos indígenas y el respeto a la identidad de los pueblos (Art.75, inc. 17). Aunque de la “letra” escrita a la realidad queda mucho camino por recorrer.

La interculturalidad expresa la posibilidad de un nuevo paradigma, más justo, más equitativo, por ende, más humano. Pero para ello, los Estados tienen que asumir firmemente la responsabilidad de impulsar un proceso de profundo reconocimiento y respeto por todas y cada una de las culturas. En esta tarea, el reconocimiento al territorio ancestral y el cumplimiento de los derechos para todos los pueblos y naciones originarias que habitan en la Argentina puede constituirse en un punto de partida, una premisa indispensable —el indígena sin tierra es un indígena sin vida—, tan necesaria como urgente. –Noticias Aliadas.


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Sacerdote José Auletta con Juan de Dios López, cacique de la etnia Wichi. / Paolo Moiola
Noticias Aliadas / Latinamerica Press
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